La Guardia Civil obliga a paralizar las obras del aeropuerto de Castellón

La adjudicataria del proyecto del aeropuerto de Castellón paralizó ayer las obras en el monte de Santa Bárbara, en Vilanova d'Alcolea, cuando, a las 9.40, los agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil se personaron en el lugar y comunicaron al responsable la orden judicial de detener las máquinas. La empresa pública Aerocas, que promueve el proyecto, no había dado instrucciones para interrumpir los trabajos pese a que la orden de la juez se conocía desde primera hora del martes. La zona está fuera del ámbito de la declaración de impacto.

Según exp...

La adjudicataria del proyecto del aeropuerto de Castellón paralizó ayer las obras en el monte de Santa Bárbara, en Vilanova d'Alcolea, cuando, a las 9.40, los agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil se personaron en el lugar y comunicaron al responsable la orden judicial de detener las máquinas. La empresa pública Aerocas, que promueve el proyecto, no había dado instrucciones para interrumpir los trabajos pese a que la orden de la juez se conocía desde primera hora del martes. La zona está fuera del ámbito de la declaración de impacto.

El PP dice que la orden es "una demostración más del ataque de la Administración central"

Según explicó ayer un portavoz del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que presentó el recurso, los operarios trabajaron en la zona sobre la que había ordenado la juez que se paralizasen las obras no sólo durante la jornada habitual, sino que prolongaron las labores durante toda la noche, la madrugada y la mañana, hasta el momento en el que se personó la Guardia Civil y obligó a cumplir la orden judicial. De acuerdo con la versión ofrecida por los ecologistas, en lugar de pararla, sus responsables incluso "aceleraron" la obra.

En un comunicado remitido ayer, el colectivo conservacionista señaló que "en ningún caso el auto judicial permite la continuidad o aceleración de dichas obras". "No entendemos", apuntaba Gecen, "cómo los trabajos promovidos por la sociedad pública Aerocas (formada por la Generalitat y la Diputación de Castellón), tras supuestamente conocer el auto, no se han modificado sustancialmente". El grupo ecologista calificó de "inaceptable" que la paralización, que según el auto debía ser "inmediata", haya concluido "con nuevas explosiones y desmontes que destruyen aún más los valores ecológicos y paisajísticos del espacio protegido".

Por ello, el colectivo aseguró que exigirá explicaciones "a quien corresponda" por la forma en que ha tenido que llevarse a término la paralización ordenada. También estudiará si se ha producido un delito ecológico añadido como consecuencia de ello.

La adjudicataria (formada por las empresas Lubasa, FCC, Bancaja, PGP Asociados, Caja Madrid y Abertis) no quiso ayer comentar la decisión judicial o aclarar el retraso a la hora de acatarla, ni la denuncia ecologista de que, en realidad, se aceleraron los trabajos.

En el caso de la sociedad promotora, su dirección tampoco evaluó este nuevo revés judicial al proyecto, que ya sufrió anteriores paralizaciones por motivos ecológicos. Sin embargo, el PP, en boca del diputado provincial Miguel Ángel Mulet, no tuvo reparo en calificar la decisión judicial como "una demostración más del ataque de la Administración central a los proyectos que benefician a los pueblos de Castellón". Mulet obvió en sus declaraciones el hecho de que se refería a una orden emitida por un juzgado en respuesta a la denuncia presentada por un grupo ecologista. Aún así, sostuvo que se trata de un "intento de bloqueo". Sin embargo, para la diputada de Esquerra Unida en el Congreso de los Diputados Isaura Navarro el Gobierno central es el que "ha estado amparando de manera injustificable ilegalidades del aeropuerto que ahora un juzgado ha corroborado con la paralización de las obras". EU ya había denunciado ante el Ejecutivo central la falta de declaración de impacto ambiental de las obras que afectan al monte de Santa Bárbara. "La respuesta del Gobierno siempre ha sido que no se habían detectado irregularidades", señaló Navarro.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ordenó el martes la paralización de los trabajos del aeropuerto de Castellón que se realizan en el monte de Santa Bárbara, en el término de Vilanova d'Alcolea, "al quedar fuera de la zona de actuación del proyecto que consta en el estudio de impacto ambiental elaborado por el promotor".

El objetivo de la organización ecologista con la denuncia que ha dado origen a la orden es "preservar el paraje de monte público de Santa Bárbara, espacio singular clasificado como no urbanizable". El colectivo considera fundamental "la restauración, en lo posible, de la zona de Santa Bárbara" y anuncia que su línea de actuación se centrará, además de exigir responsabilidades por el presunto delito producido, en restaurar la zona a su estado anterior.