La policía local de Barcelona dejó sin atender casi 2.300 llamadas en junio
La Guardia Urbana de Barcelona es incapaz de atender los ruegos de todos los ciudadanos. En junio, dejó sin contestar 2.287 llamadas telefónicas, el 7% de las 31.449 que recibió durante ese mes. El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, el socialista Ferran Julián, admitió ayer que la cifra es "excesiva" y aseguró que la mayoría de llamadas sin respuesta fueron "quejas por ruidos".
El concejal matizó que, en cuanto tuvo constancia de la situación, optó por "reorganizar" la sala desde donde se centralizan las llamadas. Según Julián, la Guardia Urbana recibió la orden de que ...
La Guardia Urbana de Barcelona es incapaz de atender los ruegos de todos los ciudadanos. En junio, dejó sin contestar 2.287 llamadas telefónicas, el 7% de las 31.449 que recibió durante ese mes. El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, el socialista Ferran Julián, admitió ayer que la cifra es "excesiva" y aseguró que la mayoría de llamadas sin respuesta fueron "quejas por ruidos".
El concejal matizó que, en cuanto tuvo constancia de la situación, optó por "reorganizar" la sala desde donde se centralizan las llamadas. Según Julián, la Guardia Urbana recibió la orden de que las peticiones consideradas "no urgentes" fueran comunicadas al día siguiente a las unidades territoriales. Desde entonces, un agente de la policía local "se pone en contacto telefónico con el supuesto afectado".
Durante la comisión municipal de Seguridad y Movilidad, Julián explicó que los cambios han permitido mejorar las cifras. En julio se dejaron sin atender 1.629 llamadas -el 5,2% del total- y en agosto sólo 223, el 0,9%; claro que en agosto el número de llamadas recibidas fue mucho menor (23.558).
"Sentencia de culpabilidad"
Julián no disfrutó de una sesión plácida. Tuvo que rendir cuentas por los tres casos de supuesta corrupción que han surgido en el seno de la policía local en apenas una semana. Según Julián, el Ayuntamiento "no ocultó" las detenciones, sino que recibió la orden de la Fiscalía de no divulgar detalles de la investigación por encontrarse bajo secreto de sumario. De hecho, aseguró que el consistorio ha recibido dos escritos de protesta de la Fiscalía por las filtraciones a la prensa.
La semana negra de la Guardia Urbana comenzó el 21 de septiembre con la detención del inspector Eduardo Calderón, jefe del departamento de planificación de obras y servicios, y del agente José Antonio Montero, del mismo departamento. Ambos están acusados de obligar a constructoras a comprar los elementos de señalización de tráfico a la empresa Insta Señal SL. Se da la circunstancia de que Raúl Montero es hermano del agente arrestado y fue administrador único de esta firma en el momento de su constitución, en 2004. Anteayer, otro agente declaró ante el juez como imputado. Y el lunes, el policía local Manuel P. M., que trabajaba en el turno de noche en Sant Andreu, fue detenido acusado de proxenetismo. Ayer fue puesto en libertad con cargos.
El intendente jefe de la Guardia Urbana, Xavier Vilaró, situó a Calderón al mando del departamento de obras en octubre de 2002. Vilaró destacó la "rapidez" al detectar el caso de supuesta corrupción y aseguró que la investigación interna -iniciada tras la denuncia anónima de un empresario- "se ha hecho bien y está bastante cerrada". Pasando por alto el principio de presunción de inocencia, Vilaró se mostró confiado en que "el resultado final sea una sentencia de culpabilidad".