El Gobierno estudia cambios normativos para facilitar las fusiones

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, reconoció ayer que el Gobierno "tiene sobre la mesa" la reflexión sobre la conveniencia de modificar la normativa que limita los derechos de voto entre operadores del sector, a raíz de los últimos movimientos corporativos en el sector energético español. En la actualidad, el sector tiene limitada la posibilidad de que una empresa tenga participaciones cruzadas.

"Éste es uno de los elementos de reflexión porque es evidente que los acontecimientos de los últimos meses han puesto de manifiesto que el mercado corporativo tiene una dimensión...

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, reconoció ayer que el Gobierno "tiene sobre la mesa" la reflexión sobre la conveniencia de modificar la normativa que limita los derechos de voto entre operadores del sector, a raíz de los últimos movimientos corporativos en el sector energético español. En la actualidad, el sector tiene limitada la posibilidad de que una empresa tenga participaciones cruzadas.

"Éste es uno de los elementos de reflexión porque es evidente que los acontecimientos de los últimos meses han puesto de manifiesto que el mercado corporativo tiene una dimensión europea", aseguró Vegara antes de comparecer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. El martes se conoció que ACS, presente en Unión Fenosa, quiere comprar el 10% de Iberdrola, aunque no tendría más del 3% de los derechos de voto por la legislación. No obstante, reconoció que "no hay ninguna decisión tomada".

Vegara realizó estas declaraciones en contestación a la pregunta sobre si el Gobierno estaría dispuesto a modificar la regulación para facilitar una posible fusión amistosa entre Iberdrola y Unión Fenosa. "Actualmente", apuntó Vegara, "lo que hay en vigor es una ley de 2000 que limita los derechos de voto entre operadores del sector al 3% y, por tanto, limita la toma de participaciones cruzadas. Esto lógicamente, en el marco de un sistema energético privado, tiene una lógica que responde a la necesidad de que competidores compitan y no tomen participaciones cruzadas creando grupos formal o informalmente públicos".

Respecto a si los últimos cambios en las eléctricas pueden provocar una subida de tarifas, Vegara dijo: "No hay una relación directa ni mucho menos". El Gobierno este año ya aprobó un aumento de las tarifas, anterior a los últimos acontecimientos, y "todo el mundo entiende que es el reflejo del mayor coste que tiene la energía para todos".

Las declaraciones de Vegara recogen las demandas planteadas, en los últimos meses desde el sector eléctrico, descontento con una legislación que sólo tiene en cuenta la dimensión nacional, y no la europea, a la hora de examinar las operaciones de concentración. Desde las empresas españolas se ha destacado siempre que empresas como la alemana E.ON, la italiana Enel o la francesa EDF, que cubren con su sombra y sus recursos todo el continente, son fruto de legislaciones más favorables que la española para las empresas.

La rigidez de la norma española obligó al BBVA, por ejemplo, a elegir entre permanecer en la petrolera Repsol o continuar en Iberdrola, como finalmente hizo. Ahora, con un mercado energético convulsionado, crece la idea de que se necesita una legislación más pragmática, que sin ahogar la competencia tenga en cuenta la diferencia de trato a las empresas que se da y se ha dado en los países miembros de la UE.

El Partido Popular acogió con críticas las iniciativas del Gobierno en el sector eléctrico. El portavoz adjunto de este grupo en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, acusó al Ejecutivo de "abrir la caja de Pandora", y se preguntó si los consumidores acabarán pagando los movimientos corporativos de los últimos días.

Pujalte cuestionó de dónde procederá la rentabilidad de las inversiones "extraordinariamente importantes" de las que se habla y si no acabarán perjudicadas las familias y las pymes. El diputado del PP responsabilizó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al ex ministro de Industria, José Montilla, y al responsable de la Oficina Económica de la Presidencia, Miguel Sebastián, de querer "jugar al Monopoly" con empresas privadas y de no preocuparse por mejorar el marco regulatorio.