Ética y política de la deslocalización

Esta reflexión se hace oportuna a raíz de la reciente noticia sobre la deslocalización de la planta que la multinacional Reckitt Benckiser tiene en Gueñes y que ha suscitado un importante debate en nuestro país.

Primero de todo, somos de la opinión de que una empresa tiene toda la legitimidad para cerrar a su conveniencia una sede o planta productiva y trasladar su producción allí dónde considere pueda ser más competitiva, siempre que cumpla con la legalidad vigente y no se esté lucrando de ayudas públicas (parece que no es así en el caso de Reckitt). Las empresas quieren ganar dinero y...

Esta reflexión se hace oportuna a raíz de la reciente noticia sobre la deslocalización de la planta que la multinacional Reckitt Benckiser tiene en Gueñes y que ha suscitado un importante debate en nuestro país.

Primero de todo, somos de la opinión de que una empresa tiene toda la legitimidad para cerrar a su conveniencia una sede o planta productiva y trasladar su producción allí dónde considere pueda ser más competitiva, siempre que cumpla con la legalidad vigente y no se esté lucrando de ayudas públicas (parece que no es así en el caso de Reckitt). Las empresas quieren ganar dinero y es lógico que sea así, porque unos de los pilares que sustentan nuestro sistema económico descansa precisamente en este interés empresarial por el beneficio, que es el que nos permite crecer y competir. Es el modelo en el que jugamos.

Las tradicionales ventajas en las que hemos basado nuestra competitividad industrial están empezando a no ser suficientes

Pero, a renglón seguido, pensamos que las empresas, como espacios de realización personal y de construcción social, son una institución importante de nuestra sociedad y que su actuación debe estar inspirada, además de por la legalidad, por la lealtad y la honestidad con la propia comunidad en la que realizan su actividad. Una empresa puede decidir migrar a entornos más competitivos. Al final, la lógica del mercado se impone. Pero no puede hacerlo de cualquier manera y a cualquier precio.

Parece bastante razonable exigir, en primer lugar, que una empresa informe, principalmente, a los trabajadores, pero también a sus proveedores, suministradores y al resto de su entorno, sobre sus planes de futuro; especialmente si éstos contemplan el trauma del cierre patronal. Debe anticiparlos, además, con tiempo suficiente para que éstos puedan calibrar cómo les afectan y tengan mínimamente preparados los correspondientes planes de contingencia para hacer frente a esa situación. Parece que esto no se ha hecho suficientemente bien en el caso de Reckitt Benckiser y la noticia ha caído por sorpresa a multitud de agentes implicados en la misma. De ser así, merecería una seria reprobación social.

Como sociedad avanzada y seria que somos, tenemos que dotarnos de las capacidades suficientes para obligar a cualquier empresa a cumplir la totalidad de sus compromisos (con la legalidad y con la comunidad) y pugnar para que un eventual cierre o traslado se produzca con los menores impactos posibles para los implicados, principalmente los trabajadores.

La otra vertiente que también resulta muy interesante es la que tiene que ver con las implicaciones con la política industrial que un fenómeno como este de la deslocalización tiene en Euskadi. Esta empresa y otras se van de nuestra tierra por una simple razón: la localización ya no les es competitiva. O visto de otro modo, pueden competir mejor en los mercados aprovechando las condiciones que les ofrecen otros lugares. En el caso que nos ocupa, seguramente, por los costes de la mano de obra. Pero en otros casos pueden ser otros elementos, como el abastecimiento de materias primas, la cualificación de la mano de obra, el potencial de I+D, las capacidades de gestión y financiación, etcétera. Las tradicionales ventajas competitivas en las que hemos basado nuestra competitividad, como el ahorro de costes, el saber hacer y la calidad, están empezando a no ser suficientes en la nueva sociedad del conocimiento en la que nos encontramos. En estos casos surge la pregunta de qué podemos hacer como sociedad o qué puede hacer el Gobierno como nuestro representante para que no se vayan las empresas

Creemos sinceramente que la cuestión está mal formulada, ya que poco o nada se puede hacer para que una empresa, (multinacional o no, vasca o extranjera) cierre eventualmente sus puertas para trasladarse a otro lugar. La pregunta clave que desde la óptica de política industrial nos debemos formular debe ir, quizás, en otra dirección. Nos tenemos que cuestionar en qué nichos de mercado debemos apostar para ser competitivos a nivel global y qué mecanismos y resortes tenemos que desencadenar para apoyar y hacer realidad estas apuestas. Desde luego, no podemos basar nuestro futuro como país industrial avanzado en aquellos sectores en los que el valor añadido principal es el coste de la mano de obra, sino en aquéllos otros en los que seamos capaces de aportar algo nuevo y diferente.

Todo esto lo sabe muy bien en el Gobierno, y los responsables de la política de competitividad vienen desarrollando desde hace muchos años un esfuerzo importante en el desarrollo científico-tecnológico de Euskadi y en la innovación de su tejido empresarial como únicos mecanismos de competitividad.

Los planes de Competitividad y de apoyo a la Ciencia y la Tecnología recogen perfectamente estos elementos centrales y explicitan los nichos por los que entienden que hay que apostar e impulsar nuestro sistema científico-tecnológico para que puedan surgir nuevas ideas que lleguen al mercado en forma de empresas competitivas del ámbito de las biociencias, las nanociencias, la electrónica avanzada y las energías alternativas. Llega el momento de apremiarles a que realmente apuesten por ello con todos los recursos necesarios y lo hagan, además, con todo el liderazgo y toda la potencia institucional de que sean capaces.

Pensamos honestamente que es el único modo de conseguir que el eco del cierre de empresas (habrá más) se apague con el renacer de otras muchas y mejor posicionadas, que ofrezcan mejores condiciones sociales a sus trabajadores y estén más arraigadas y comprometidas con el territorio en el que se asientan y en la comunidad con la que conviven.

Iñaki Barredo y Carlos Cuerda son economistas y socios de Naider.