Bienestar niega que vaya a traspasar su red de centros cívicos a los municipios
La consejera de Bienestar y Familia, la socialista Carme Figueras, aseguró ayer que la Generalitat no traspasará a los ayuntamientos la red de oficinas y centros cívicos que el departamento que encabeza tiene repartida por todo el territorio. El Consell Executiu tiene previsto aprobar en su reunión de hoy la participación de los entes locales en la gestión de estos equipamientos, según dijo ayer Figueras.
El propósito de la Generalitat, indicó la consejera, es que las oficinas del Departamento de Bienestar y Familia estén gestionadas por una comisión mixta en la que participen represent...
La consejera de Bienestar y Familia, la socialista Carme Figueras, aseguró ayer que la Generalitat no traspasará a los ayuntamientos la red de oficinas y centros cívicos que el departamento que encabeza tiene repartida por todo el territorio. El Consell Executiu tiene previsto aprobar en su reunión de hoy la participación de los entes locales en la gestión de estos equipamientos, según dijo ayer Figueras.
El propósito de la Generalitat, indicó la consejera, es que las oficinas del Departamento de Bienestar y Familia estén gestionadas por una comisión mixta en la que participen representantes de la Administración autonómica y los entes locales. "La Generalitat seguirá haciéndose cargo del mantenimiento, gastos y personal de los centros", subrayó la consejera. Figueras precisó que su departamento extenderá este modelo de gestión a diferentes municipios catalanes, y no sólo a los del área metropolitana.
Asignatura pendiente
Los partidos de izquierda, cuando estaban en la oposición, consideraban que las oficinas de Bienestar y Familia tenían una función electoralista, ya que las percibían como una estrategia de CiU para penetrar en los feudos socialistas.
El traspaso de esta red a los entes locales era uno de los puntos que figuraba en el Pacto del Tinell, el pacto de Gobierno que firmaron a finales de 2003 socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa, aunque la promesa se quedó en el tintero.
Tras constituirse el tripartito, la cartera de Bienestar se adjudicó a la republicana Anna Simó, que no realizó los traspasos pese a las continuas peticiones expresadas por los socialistas. Tras la salida de los independentistas de la Generalitat, el Parlamento autónomo aprobó una moción con los votos a favor de ERC, CiU y PP que instaba al Gobierno catalán a no transferir a los ayuntamientos los equipamientos y el personal de las oficinas del Departamento de Bienestar y Familia.