El Supremo obliga a Alperi a convocar un pleno extraordinario sobre el desfalco en Mercalicante
El alcalde se negó a celebrar una sesión sobre las conclusiones de la comisión investigación
El Tribunal Supremo ha dictado un auto que obliga al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a convocar un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre el desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. La resolución del alto Tribunal se produce a raíz de un recurso del Ayuntamiento a una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que aceptó un recurso del grupo municipal socialista contra la negativa del Alperi a celebrar la sesión plenaria.
En enero de 2003, el gr...
El Tribunal Supremo ha dictado un auto que obliga al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a convocar un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre el desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. La resolución del alto Tribunal se produce a raíz de un recurso del Ayuntamiento a una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que aceptó un recurso del grupo municipal socialista contra la negativa del Alperi a celebrar la sesión plenaria.
En enero de 2003, el grupo municipal del PSPV llevó al TSJ la negativa de Alperi a debatir en el pleno las conclusiones de la comisión municipal, cuyos trabajos se desarrollaron a lo largo del otoño del año anterior. El PSPV sostenía que si la creación de la comisión la acordó el pleno, sus conclusiones también debían ser ratificadas por el mismo órgano de la corporación. El TSJ falló a favor de la pretensión de los socialistas. Alperi recurrió al Supremo, que ahora ha validado la sentencia del TSJ y, además, condena al Ayuntamiento alicantino al pago de las costas.
La creación de la comisión municipal se acordó a los tres meses de conocerse el agujero contable en las cuentas de Mercalicante, en julio de 2002, correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.
Después de tres meses de debates e interrogatorios, cada uno de los grupos municipales (PP, PSPV y EU) presentaron su escrito de conclusiones. El documento del grupo popular, en el gobierno local con mayoría absoluta, descartó cualquier responsabilidad política en las irregularidades de la firma. Mientras, los grupos de la oposición, concluyeron que sí había responsabilidades políticas, "por acción u omisión" del alcalde, a su vez, presidente de los dos máximos órganos de control de la empresa, el consejo de administración y la comisión ejecutiva.
El entonces portavoz del grupo municipal del PSPV, Blas Bernal, solicitó un pleno extraordinario para debatir y aprobar las conclusiones. El alcalde rechazó la propuesta y aludió a un informe jurídico de los técnicos que le liberaba de acceder a la petición socialista. Según el PP, la comisión municipal de investigación acordó dar por terminados sus trabajos en su seno interno y no trasladar sus conclusiones al pleno de la corporación.
El ex portavoz del PSPV subrayó ayer que el auto del Tribunal Supremo "restituye el derecho de los ciudadanos a conocer desde el primer foro político de la ciudad las conclusiones de los grupos sobre el mayor escándalo financiero en el que se ha visto implicado el Ayuntamiento".
En paralelo a la investigación de la comisión municipal sobre Mercalicante, se activó la vía judicial a raíz de una denuncia de un vecino. El fiscal ordenó en septiembre de 2002 el arresto del hasta ahora principal imputado, el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero.
La instrucción del caso Mercalicante, que dirige Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, sigue abierta cuatro años después. La lista de imputados ha engordado hasta los 19, entre ellos, el alcalde, el concejal del PP Juan Zaragoza, y el ex edil del PP, José María Rodríguez Galant, en la actualidad director del complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz.
Fiscalía Anticorrupción
La acusación pública en este caso la ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. Este departamento del ministerio público remitió hace dos semanas al juzgado otra denuncia contra Alperi por supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. Además de Alperi y el empresario, el fiscal ha denunciado a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al de Tráfico, Luis Concepción, y a un funcionario municipal.
Briones aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El fiscal ha evaluado en 2,2 millones de euros el quebranto económico para el Ayuntamiento derivado de las variaciones en el contrato inicial de los aparcamientos.