San Fernando y El Monte blindan a Sevilla como sede ante futuras fusiones con otras cajas

Los consejeros de El Monte y Caja San Fernando tienen deberes este verano. En un mes deben dar su visto bueno al proyecto de fusión de las dos cajas sevillanas y analizan ya varios de los documentos preparados por los directivos de ambas entidades; entre ellos, el borrador de los estatutos de la caja que resulte de esta fusión. Un texto que no sólo establece que Sevilla será la sede social de la nueva caja, sino que también ampara a la capital andaluza como sede en cualquier proceso de fusión con otras cajas que se aborde tras la unión de El Monte y San Fernando.

El nuevo intento de fus...

Los consejeros de El Monte y Caja San Fernando tienen deberes este verano. En un mes deben dar su visto bueno al proyecto de fusión de las dos cajas sevillanas y analizan ya varios de los documentos preparados por los directivos de ambas entidades; entre ellos, el borrador de los estatutos de la caja que resulte de esta fusión. Un texto que no sólo establece que Sevilla será la sede social de la nueva caja, sino que también ampara a la capital andaluza como sede en cualquier proceso de fusión con otras cajas que se aborde tras la unión de El Monte y San Fernando.

El nuevo intento de fusión de las dos cajas sevillanas, una operación con varios fracasos acumulados en los últimos años, entra en su fase definitiva el próximo mes. A finales de septiembre, los documentos que forman el proyecto de fusión se someterán a los Consejos de Administración de ambas entidades. Aún se desconoce el nombre comercial de la caja resultante de la fusión, bautizada como Guadalcaja en el último intento frustrado, pero sí se sabe que se ha elegido como domicilio social el edificio que hace estas funciones en Caja San Fernando, situado en la Plaza de San Francisco de Sevilla.

Las únicas propuestas conocidas hasta ahora para poner nombre a la nueva entidad son las que hizo en marzo el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien planteó (y registró) las denominaciones de Cajacapital o Caja General de Andalucía. No hubo respuesta oficial a la propuesta de Sánchez Monteseirín, pero el borrador de estatutos de la futura caja sí refuerza la consideración de la capital andaluza como sede. Así, el texto no sólo establece a Sevilla como sede de la caja que resulte de la fusión de El Monte y San Fernando, sino que incorpora como elemento indispensable de futuras uniones con otras cajas que "la sede social de la entidad resultante estará ubicada en Sevilla capital".

Los estatutos de la nueva entidad replican una disposición que ya incluyó El Monte en sus normas estatutarias en 2001, aunque en unas circunstancias muy peculiares. El PSOE había llegado a principios de aquel año a un efímero acuerdo con los presidentes de las cajas sevillanas, Isidoro Beneroso (El Monte) y Juan Manuel López Benjumea (San Fernando) para zanjar la insurrección de ambas entidades ante la Junta. Las cajas adaptaron sus estatutos como les exigía el Ejecutivo andaluz y sus presidentes recibieron garantías de que dirigían, en su fase inicial, el proyecto de fusión que entonces abanderaban.

En ese contexto, la Consejería de Economía, que estaba en desacuerdo con que El Monte condicionara en sus estatutos la ubicación de la sede de futuras fusiones, aceptó finalmente esa disposición con el argumento de que era "inocua" porque era algo que podían cambiar las asambleas generales de las entidades implicadas, aquella autorización de la Junta no fue considerada tan inocua en Málaga, sede de Unicaja, la entidad andaluza de mayor tamaño. "Es una imprudencia que no conduce a nada", dijo el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre (PP). "Los términos utilizados no tienen otro fin que frustrar la caja única", afirmó el entonces portavoz municipal del PSOE malagueño, Francisco Oliva, en referencia al proyecto que abanderaba la Junta de Andalucía.

Finalmente la pretensión de Beneroso y López Benjumea de evitar las elecciones internas hizo saltar el acuerdo y los socialistas echaron por tierra el proyecto de fusión en Alcaja, como habían llamado ambos presidentes a su intento de unión. Pero la cláusula incluida en los estatutos de El Monte que blindaba a Sevilla como sede de futuras fusiones se ha mantenido hasta ahora. Y eso que los órganos de gobierno de esta caja han tenido la oportunidad de cambiarla, como se ha hecho con otros muchos artículos, en los sucesivos procesos de adaptación de los estatutos a distintas leyes que han tenido lugar en los últimos cinco años. Pero nadie lo propuso.

La Junta insiste en su pretensión de que en Andalucía se consolide una gran caja, aunque sea a golpe de fusiones parciales. Pero tras la unión de las cajas sevillanas queda un mapa complicado por la singularidad de Cajasur, la entidad cordobesa controlada por la Iglesia, el rechazo de Caja Granada a una integración con Unicaja, y la lucha por la hegemonía en la comunidad entre la entidad malagueña y la nueva caja sevillana, ambas ya entre las diez primeras de España.

Influencia sindical

Las tensiones localistas ya se dejaron notar en la elección de la sede del nuevo banco andaluz en el que las cajas quieren integrar algunas participaciones industriales. La sede del nuevo banco, aún sin nombre y sin el visto bueno del Banco de España, estará en Málaga, pero el anterior presidente de El Monte, José María Bueno Lidón, llegó a poner en duda esta decisión. El proyecto, que usa una ficha bancaria de Unicaja, es visto con buenos ojos por la Junta como ensayo de actuaciones conjuntas del sistema financiero andaluz.

El intento frustrado de Beneroso y López Benjumea también explica la inclusión de otra cláusula novedosa en los estatutos para la fusión de las cajas sevillanas. Para atraerse los votos de Comisiones Obreras, con amplia presencia en el Consejo de Administración de El Monte, las direcciones de ambas cajas refrendaron en 2001 un acuerdo laboral ventajoso para los trabajadores. Después, CC OO respaldó al PSOE a cambio de garantías de que el acuerdo con los sindicatos sería condición indispensable de futuras fusiones. Ahora, las direcciones de ambas cajas le dan a esa garantía por primera vez carácter estatutario al indicar que "cualquier procedimiento de fusión habrá de ser respetuoso (...) con los derechos de los trabajadores mediante la negociación con los representantes sindicales de un acuerdo de eficacia general que garantizará el empleo y las condiciones de integración de la plantilla".