Territorio propone sancionar 389 agresiones medioambientales con 5,5 millones

La Consejería de Territorio y Vivienda recibió 994 denuncias y abrió 389 expedientes por infracciones contra el medio ambiente en el primer semestre del año. El consejero González Pons informó ayer de que ocho de los casos fueron remitidos a la fiscalía por ser considerados delitos y de que en otros 30 se puso en marcha el procedimiento de cierre de la empresa. Las propuestas de sanción suman 5,5 millones de euros. El parque natural más castigado resultó, de lejos, el de L'Albufera y una de las mayores propuestas de sanción va dirigida a un campo de golf en San Miguel de las Salinas.

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La Consejería de Territorio y Vivienda recibió 994 denuncias y abrió 389 expedientes por infracciones contra el medio ambiente en el primer semestre del año. El consejero González Pons informó ayer de que ocho de los casos fueron remitidos a la fiscalía por ser considerados delitos y de que en otros 30 se puso en marcha el procedimiento de cierre de la empresa. Las propuestas de sanción suman 5,5 millones de euros. El parque natural más castigado resultó, de lejos, el de L'Albufera y una de las mayores propuestas de sanción va dirigida a un campo de golf en San Miguel de las Salinas.

El consejero Esteban González Pons destacó tres expedientes, uno por provincia, por la especial gravedad de la sanción propuesta, pero no facilitó las identidades de los infractores porque se trata de "procesos abiertos que aún carecen de resolución firme". Este periódico, sin embargo, ha podido saber que uno de ellos, el de Alicante, está dirigido contra un campo de golf de San Miguel de las Salinas (El Baix Segura), que carecía de declaración de impacto ambiental. El entorno de la Sierra Escalona, en la misma comarca meridional, acumula numerosas denuncias e investigaciones, algunas de las cuales se encuentran en los juzgados.

La sanción más alta propuesta por la consejería va dirigida a un "vertedero incontrolado" de Castellón; 318.000 euros y, como en el resto de casos, la obligación de reparar los daños causados. En Valencia (provincia que acumula el 59% de los expedientes abiertos, seguida por Alicante, con el 30%) la sanción más elevada es de 240.000 euros y se solicita contra una empresa dedicada a la "extracción de áridos".

En todo el año 2005, Territorio ordenó la clausura de 49 empresas por infracciones ambientales. La consejería, añadieron las mismas fuentes, desconoce si todos los cierres se llevaron a cabo, dado que la competencia material corresponde a los ayuntamientos.

El Parque Natural de L'Albufera fue el más castigado por las agresiones ambientales en los primeros seis meses del año. Territorio ha incoado en él 48 expedientes. Una cuarta parte respondieron a la edificación de construcciones ilegales; un 27% por pescar careciendo de autorización y un 21% por circular con vehículos de motor. El vertido incontrolado de residuos y, a más distancia, las acampadas, fueron las siguientes prácticas infractoras más habituales. El Parque Natural del Montgó, en la Marina Alta (con 13 expedientes abiertos) y las Salinas de Santa Pola (con 11) se situaron inmediatamente por detrás. En la Serra Calderona se abrieron nueve expedientes, los mismos que en la Serra Mariola.

La zona húmeda protegida en la que más infracciones se detectaron fue la del Marjal de Nules-Burriana, donde se abrieron nueve expedientes. El segundo (con cuatro), fue el del Marjal y el Estany de la Ribera Sud del Xúquer. En el Clot de Gavany se abrieron tres.

Los datos ofrecidos por González Pons fueron respondidos desde las filas socialistas. "Cada día parece más claro que [el presidente de la Generalitat, Francisco] Camps intenta maquillar con la palabrería verde de González Pons la desastrosa gestión urbanística de [Rafael] Blasco", dijo el secretario de medio ambiente socialista, Francesc Signes, que instó al consejero a detener "barbaridades" como el Plan Rabassa, en Alicante, o "el Manhattan de Cullera".

El vertido de residuos incontrolados fue el primero motivo de apertura de expedientes (con 172) fuera de los espacios protegidos. La siguiente actividad infractora, y una de la que conlleva sanciones más graves, fue el del incumplimiento (o directamente la ausencia) de los estudios de impacto ambiental que deben acompañar a un proyecto. A mucha distancia se situaron las acciones contra la flora y la fauna, que sumaron 15 expedientes.

González Pons anunció ayer, por otro lado, que el 30 de agosto se reunirá con todos los alcaldes implicados en el futuro Parque Natural del Turia. A la primera convocatoria sólo fueron llamados los alcaldes del PP.