Accidentes en el limbo

Que España sea el país de la UE con mayor siniestralidad laboral (1.000 muertos anuales) no se debe a una legislación insuficiente, sino a la falta de interés de las administraciones públicas en exigir el cumplimiento de la minuciosa normativa de la única manera que resulta eficaz: sancionando severamente a quien la incumple.

La explicación suele ser que la Inspección de Trabajo no dispone de medios suficientes para extender su vigilancia y abrir expediente a todas las obras y empresas en las que se vulnera la legislación. La falta de medios es tal que ni siquiera se garantiza que se ab...

Que España sea el país de la UE con mayor siniestralidad laboral (1.000 muertos anuales) no se debe a una legislación insuficiente, sino a la falta de interés de las administraciones públicas en exigir el cumplimiento de la minuciosa normativa de la única manera que resulta eficaz: sancionando severamente a quien la incumple.

La explicación suele ser que la Inspección de Trabajo no dispone de medios suficientes para extender su vigilancia y abrir expediente a todas las obras y empresas en las que se vulnera la legislación. La falta de medios es tal que ni siquiera se garantiza que se abra una investigación penal en el caso de accidentes graves o incluso mortales: sólo en el caso de que el trabajador fallezca en el tajo la policía levanta atestado. Como en casi la mitad de los siniestros la víctima fallece en la ambulancia o en el hospital, las causas y circunstancias de ese accidente quedan, en muchos casos, en el limbo penal.

Por eso resulta importante el convenio que se firmará el mes próximo entre el Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía, la Inspección de Trabajo y el juez decano de la ciudad. A partir de ahora, los servicios de emergencia sanitaria 112 darán parte de todo accidente laboral a la Policía Municipal, que se encargará de levantar un atestado, incluso grabando en vídeo las condiciones del lugar en que se produjo el percance. Los inspectores de trabajo analizarán el atestado y trasladarán su dictamen a la fiscalía, que ya dispone de un coordinador especial en materia de delitos laborales.

El acuerdo supone una novedad importante porque, merced a la nueva Ley de Capitalidad, dará por primera vez funciones de Policía Judicial a la Municipal. Una brigada recibirá especialización y esos agentes estarán facultados para visitar de manera aleatoria las obras de la capital y denunciar los casos en que consideren que se incumple gravemente la Ley de Prevención. Si este experimento, más realista que compromisos anteriores, es capaz de poner freno a la sangría laboral que registra la capital (100 obreros muertos en lo que va de año), lo razonable sería proponer su extensión.