El Gobierno, a favor de conceder ayudas a los partidos para financiar las campañas del Estatuto

El Gobierno andaluz se muestra a favor de financiar las campañas de los partidos políticos para el referéndum de ratificación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según afirmó a este periódico el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. El Ejecutivo aún no ha tomado una decisión, pero "está estudiando" la petición que en este sentido hizo días atrás la portavoz de Izquierda Unida, Concha Caballero. "Nuestra posición es favorable", dijo Zarrías.

La proposición de ley de reforma del Estatuto andaluz aún tiene que pasar el corte del Congreso de los Diputados. Si los plazos ...

El Gobierno andaluz se muestra a favor de financiar las campañas de los partidos políticos para el referéndum de ratificación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según afirmó a este periódico el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. El Ejecutivo aún no ha tomado una decisión, pero "está estudiando" la petición que en este sentido hizo días atrás la portavoz de Izquierda Unida, Concha Caballero. "Nuestra posición es favorable", dijo Zarrías.

La proposición de ley de reforma del Estatuto andaluz aún tiene que pasar el corte del Congreso de los Diputados. Si los plazos se cumplen, las previsiones del Ejecutivo de Manuel Chaves es que el Estatuto salga aprobado de las Cortes a finales de este año -siempre que no haya modificaciones en el Senado- y el referéndum de aprobación se celebre el domingo 25 de febrero de 2007.

Las ayudas a los partidos con representación parlamentaria para financiar sus campañas en referéndums es habitual y está amparada por la ley General de Subvenciones. Ésta prevé que, con carácter excepcional y por razones acreditadas de interés público, se puedan conceder subvenciones con carácter directo.

El Gobierno central aprobó el 14 de enero de 2005 un decreto para sufragar los gastos ocasionados por la explicación y divulgación pública de la Constitución europea. El criterio para distribuir estos fondos fueron los escaños y el número de votos obtenidos por cada grupo en el Congreso.

Los gastos financiables eran la confección de sobres y material informativo, explicativo y divulgativo, la publicidad directa, el alquiler de locales para mítines, los gastos de desplazamiento de las formaciones políticas, las remuneraciones al personal contratado expresamente para esos actos y el buzoneo electoral.

El Gobierno catalán también destinó ayudas a los grupos parlamentarios de Cataluña para la campaña del referéndum de aprobación del Estatuto. En ese caso, el decreto -publicado el mismo día en el que se convocó la consulta- fijó una cuantía máxima de ayudas de casi 4,4 millones de euros. Los criterios empleados eran similares a los descritos para la Constitución europea.

La Consejería de la Presidencia lleva meses trabajando en los preparativos de la campaña institucional la cual, según la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, no podrá incentivar la participación, sino que habrá de limitarse a dar información sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los trámites del voto por correo.