Barberá se ve obligada a revisar su ayuda a la Academia secesionista
El PP encarga un informe jurídico tras la advertencia de los socialistas
La petición anual de ayudas de la denominada Acadèmia de Cultura Valenciana al Ayuntamiento de Valencia quedó ayer en el aire. El PP aprobó la subvención de 16.000 euros a la entidad secesionista, pero la ha condicionado a un informe jurídico que avale su legalidad. El concejal socialista Juan Soto advirtió de que la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución oficial de la Generalitat, exige el uso de un valenciano normativo en todo organismo financiado con dinero público.
Esta no es la primera vez que el PSPV rechaza en la comisión municipal de Cultura la subvención a la entidad se...
La petición anual de ayudas de la denominada Acadèmia de Cultura Valenciana al Ayuntamiento de Valencia quedó ayer en el aire. El PP aprobó la subvención de 16.000 euros a la entidad secesionista, pero la ha condicionado a un informe jurídico que avale su legalidad. El concejal socialista Juan Soto advirtió de que la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución oficial de la Generalitat, exige el uso de un valenciano normativo en todo organismo financiado con dinero público.
Esta no es la primera vez que el PSPV rechaza en la comisión municipal de Cultura la subvención a la entidad secesionista, que el equipo de gobierno del PP, que preside Rita Barberá, justifica como ayuda a actividades culturales que no implican necesariamente el uso escrito de la lengua, como sería el caso de sus publicaciones, que incumplen la normativa oficial.
El PP pretendía ayer aprobar sin más trámite el expediente de 16.000 euros de ayuda a la entidad para este año, pese a las quejas de socialistas y de EU-L'Entesa. Pero finalmente decidió encargar un informe jurídico que garantice la legalidad de la ayuda, después de que el concejal socialista Juan Soto pusiera sobre la mesa una publicación de la AVL en el Diari Oficial de la Generalitat del pasado lunes. Insertada en la sección de disposiciones generales, de obligado cumplimiento, la AVL, único organismo facultado para determinar las normas del valenciano, anuncia la información pública del Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià, y subraya que es un texto normativo de "obligado cumplimiento" en todas las instituciones y empresas u organismos "que cuenten con financiación pública". "Ya no caben excusas", criticó Soto, "es una disposición de carácter normativo y el PP deberá explicar con qué criterio subvenciona a una entidad que se declara insumisa en relación con la AVL".