Las declaraciones de Batasuna sitúan en una fase de incertidumbre el proceso del fin de ETA

El proceso para el fin de la violencia de ETA entra en una etapa de incertidumbre cuando aún no se ha iniciado el diálogo entre la representación del Gobierno y la de la banda terrorista. El 3 de julio pasado, Zapatero confirmaba, desde India, que ya había designado interlocutores y, con ello, daba a entender que el diálogo entre el Gobierno y ETA se iniciaría con prontitud. Pero las declaraciones de Batasuna, pidiendo la derogación de la Ley de Partidos y renunciando a iniciar el proceso de legalización arrojan algunas sombras sobre el proceso e inclinan a pensar que el diálogo se demora.
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El proceso para el fin de la violencia de ETA entra en una etapa de incertidumbre cuando aún no se ha iniciado el diálogo entre la representación del Gobierno y la de la banda terrorista. El 3 de julio pasado, Zapatero confirmaba, desde India, que ya había designado interlocutores y, con ello, daba a entender que el diálogo entre el Gobierno y ETA se iniciaría con prontitud. Pero las declaraciones de Batasuna, pidiendo la derogación de la Ley de Partidos y renunciando a iniciar el proceso de legalización arrojan algunas sombras sobre el proceso e inclinan a pensar que el diálogo se demora.

El primer toque de atención serio a la marcha del proceso, desde la declaración institucional de Zapatero del 29 de junio, lo dio Batasuna el sábado, 48 horas después de que se reunieran en un hotel donostiarra una representación del PSE, con Patxi López al frente, y otra de la formación ilegalizada, encabezada por Arnaldo Otegi.

Joseba Permach, uno de los líderes de Batasuna, en una conferencia de prensa en la capital donostiarra, se oponía a lo que en el PSE se consideraba una decisión ya asumida por la cúpula de Batasuna: el cumplimiento de la Ley de Partidos para legalizarse. El PSE pensaba que Batasuna había asumido presentar nuevos estatutos y marca de acuerdo con la legalidad. A dicha decisión sólo le quedaba resolver algunas garantías y fijar fecha para que la izquierda abertzale se presentara en el Registro de Interior, aunque todo apuntaba que sería a finales del verano.

Precisamente, la reunión celebrada por las delegaciones del PSE y Batasuna, con lo que suponía de reconocimiento a la formación ilegalizada, tenía por objeto preparar el terreno para que Batasuna cumpliera la Ley de Partidos. Las declaraciones de Permach, del sábado, cayeron como un jarro de agua fría en el PSE.

El segundo toque de atención al proceso desde Batasuna procede de su exigencia al Gobierno de Zapatero, en el diario Gara, afín a sus planteamientos, a que cumpla los supuestos compromisos alcanzados con ETA en las conversaciones anteriores al alto el fuego permanente del 22 de marzo.

La prueba de que Batasuna sabía que la publicación de esta información colocaba obstáculos al Gobierno es que fue bloqueada días atrás por una personalidad relevante de la formación ilegalizada en el Diario de Noticias, según publicó ayer el citado diario. La misma información señalaba que los compromisos a que aludía eran "secretos".

Sin embargo, el lunes, esa misma información vio la luz en Gara. Más allá del debate, entre el Ejecutivo y ETA, sobre la veracidad o no del contenido de la información, Batasuna sabía que su mera publicación creaba un problema al Gobierno, pues el PP ha decidido oponerse a este proceso y la utilizó contra Zapatero.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, interpreta que "estas cosas no contribuyen al proceso de paz". Imaz apuntó el lunes la posibilidad de que "haya sectores de la propia ETA o de la izquierda abertzale que puedan estar poniendo obstáculos". "El que ha publicado esta información no lo ha hecho con el ánimo de que las cosas avancen", añadió. Todo apunta a que más que disensiones de fondo en Batasuna sobre la conveniencia del alto el fuego de ETA, lo que sucede es que hay dos orientaciones sobre el mismo, entre quienes confían en que el proceso siga su curso y quienes quieren meter presión al Gobierno, según señalan fuentes conocedoras del proceso.

Malestar 'abertzale'

Las mismas fuentes interpretan que las 32 detenciones, a las que ayer había que sumar otras dos, por presuntas relaciones con la extorsión a empresarios, y los problemas judiciales de Batasuna han creado malestar y han abierto un debate en la izquierda abertzale. Los más críticos estiman que el alto el fuego permanente de ETA no ha sido correspondido por el Gobierno y las instituciones estatales. Este debate se produce en el momento en que Batasuna tiene que asumir su legalización. Las declaraciones de Permach del sábado y las exigencias de ETA, el lunes en Gara, suponen, en este sentido, un pulso al Gobierno.

Pese a las incertidumbres de estos días, fuentes conocedoras del proceso creen que "acabarán superándose". Las fuentes valoran que son muchas las horas, en conversaciones informales, que el PSE y Batasuna dedicaron al proceso, logrando, incluso, la implicación de la banda ETA e importantes complicidades internacionales.