'Ad calendas grecas'

Justo tres días después de la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña la prensa diaria arrojaba sendos jarros de agua fría sobre el entusiasmo, de por sí moderado, despertado por el resultado de la consulta. La primera recogía la decisión del Gobierno francés de posponer nada menos que hasta 2030 la construcción del enlace de su TGV con nuestro AVE, ese que, Dios y los ministros de Fomento mediante, ha de llegar a nuestra común frontera dentro de tres o cuatro años. Es imposible creer en tan dilatado horizonte temporal y aún menos confiar en tanta supuesta capacidad de planificación de lo qu...

Justo tres días después de la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña la prensa diaria arrojaba sendos jarros de agua fría sobre el entusiasmo, de por sí moderado, despertado por el resultado de la consulta. La primera recogía la decisión del Gobierno francés de posponer nada menos que hasta 2030 la construcción del enlace de su TGV con nuestro AVE, ese que, Dios y los ministros de Fomento mediante, ha de llegar a nuestra común frontera dentro de tres o cuatro años. Es imposible creer en tan dilatado horizonte temporal y aún menos confiar en tanta supuesta capacidad de planificación de lo que va a hacerse dentro de casi seis lustros. Por eso, habría sido más honrado que los responsables galos de la inversión confesaran que remitían ad calendas grecas la realización de una obra que tantas ansias despierta en ambas vertientes pirenaicas. Ya se sabe que esta expresión equivale a posponer indefinidamente la ejecución de una promesa sin que quien la pronunció tenga voluntad alguna de ejecutarla. Cuesta creer que las autoridades españolas, y también las portuguesas, acepten sin rechistar esta dilación que dejaría a la península Ibérica aislada de la red ferroviaria de alta velocidad, que empieza a ser tupida en los otros países europeos. También Bruselas, con el presidente Barroso a la cabeza, debería presionar a las autoridades francesas para que éstas no discriminaran de manera flagrante a una parte no desdeñable de la Unión. En cualquier caso, desde Cataluña, la del sur y la del norte, ha de hacerse evidente una clamorosa protesta y todas las instancias públicas y privadas deberían emprender las acciones oportunas para conseguir una revisión de los planes de inversión de las autoridades francesas. ¿Cómo podría aceptarse con resignación que el tramo entre Perpiñán y Montpellier haya de esperar 24 años en ver la luz? El alcalde de Barcelona ya ha reaccionado y solicita la intervención del presidente Zapatero para que se corrija tamaño desaguisado. Esperemos que el ejemplo cunda y haga inválida la utilización de la expresión latina para describir la posición francesa.

La segunda noticia tenía origen madrileño. El ministro de Economía divulgó algunas cifras del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 que tiene en este momento en la cocina. Entre ellas destacó la relativa a las inversiones en infraestructuras que prevé que asciendan a 13.000 millones de euros, lo que implica un incremento notable sobre la suma del ejercicio anterior. Buenas noticias, habida cuenta de la necesidad de potenciar las infraestructuras que tiene la economía española. Según detalló el ministro, una parte de los 13.000 millones ha de destinarse a la renovación, modernización y mejora de las autovías que enlazan Madrid con Zaragoza, Madrid con Alicante, Madrid con Burgos y Madrid con Sevilla. Es difícil hallar un ejemplo más claro de sumisión al modelo radial que impera en los diseñadores de nuestras redes viarias. Como también es difícil creer que no hay alguna autovía que pudiéramos calificar de periférica por no tener su origen, o su final, en la Puerta del Sol que no necesite con urgencia una reparación de su firme o una mejora de su trazado. El resto de la partida prevista se dedicará a completar las obras del tren de alta velocidad ya emprendidas en tres líneas, concretamente la que ha de unir Madrid con Barcelona, además de la de Madrid a Málaga y la de Madrid a Valladolid. Debe puntualizarse que en el caso de las dos primeras la inversión se materializará en los tramos finales, ya alejados de su origen, puesto que es en Andalucía y Cataluña, respectivamente, donde las obras se llevarán a cabo; el resto de estas dos líneas ya está en funcionamiento.

Resulta apreciable que en estas previsiones presupuestarias el efecto del nuevo Estatut de Catalunya es mínimo, por no decir nulo. En definitiva, hace años que los presupuestos del Estado incluyen una partida que debería permitir completar la esperada conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, pero resulta también evidente que, por múltiples razones, algunas de ellas responsabilidad de los propios catalanes, año tras año sólo se ejecutó una fracción de escaso monto de su total. De tal manera que en realidad la cifra que aparecerá en el Presupuesto de 2007 es en parte la misma que ya figuró en ejercicios anteriores. Si en su día se anunció por las autoridades competentes que el AVE llegaría a Barcelona en 2003 o en 2004 es porque ya disponían de las partidas presupuestarias precisas para cumplir la promesa. Por lo tanto, no ha habido un esfuerzo adicional para cumplir con la exigencia, que recoge el flamante Estatuto, de incrementar las inversiones, especialmente en infraestructuras, en Cataluña hasta alcanzar una proporción similar a la que nuestro PIB representa en el español.

Es razonable argumentar que no ha habido tiempo para reflejar en el proyecto de Presupuesto el compromiso adquirido por las Cortes españolas al aprobar el texto ahora refrendado por la ciudadanía. Es posible, también, que las palabras del ministro no hayan reflejado con exactitud el esfuerzo inversor que se piensa realizar en Cataluña, que incluiría las obras también en curso para hacer llegar el AVE hasta la frontera, aunque mejor sería no pasar de Figueres, vista la escasa prisa que los franceses muestran por una conexión con su TGV. En cualquier caso, bueno sería que, cuanto antes, los ciudadanos pudieran comprobar, primero en las cifras que figuran en los papeles que se elaboran en Madrid y después en hechos tangibles, los efectos positivos que según se nos ha dicho este Estatuto ha de tener. Y que ahora no se nos vuelva a remitir ad calendas grecas cuando se solicite pruebas fehacientes del cambio de panorama que, en el terreno de la financiación y de las inversiones, este Estatuto comportaba. Porque de lo contrario el desencanto y el enfado podrían ser considerables.

Antoni Serra Ramoneda es profesor emérito de la UAB.