Cuatro abogados imputados en el 'caso Malaya' seguirán en prisión
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado los autos de prisión dictados por el juez que investiga el caso Malaya por corrupción en el Ayuntamiento de Marbella contra cuatro abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta y Soriano, supuestamente utilizado por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, para blanquear dinero. Además, mantiene la fianza para los otros dos.
La defensa de los letrados solicitó la puesta en libertad de los cuatro abogados, que se encuentran en la cárcel de Alhaurín de la Torre desde hace dos meses, y la devolució...
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado los autos de prisión dictados por el juez que investiga el caso Malaya por corrupción en el Ayuntamiento de Marbella contra cuatro abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta y Soriano, supuestamente utilizado por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, para blanquear dinero. Además, mantiene la fianza para los otros dos.
La defensa de los letrados solicitó la puesta en libertad de los cuatro abogados, que se encuentran en la cárcel de Alhaurín de la Torre desde hace dos meses, y la devolución de las fianzas de 90.000 y 30.000 euros impuesta a los otros dos, al entender que no hay ni riesgo de fuga ni posibilidad de destruir pruebas. Además, la defensa apeló a la nulidad de los autos por los que se arrestó a los imputados, considerando que se produjo una "detención ilegal".
Ahora, la sala ha rechazado el recurso de apelación sobre la prisión y las medidas cautelares adoptadas, al entender que el juez "detalla y razona suficientemente" en sus autos la existencia de datos para adoptar esas medidas. También apunta que "no se han aportado indicios racionales de prueba ni argumentos jurídicos" para variar la decisión del instructor, adoptada para evitar el riesgo de fuga y sobre todo la ocultación, alteración o destrucción de pruebas.
Según el auto, las resoluciones recurridas cumplen en general los requisitos de "legalidad constitucional y ordinaria" exigibles para los casos de prisión provisional y, por tanto "no pueden ser tachadas de arbitrarias o absurdas".
Resoluciones fundamentadas
Además, se determina que, aunque las explicaciones en los autos de detención son "breves y genéricas", no se vulneran los derechos fundamentales a los que se refirió la defensa, como el de la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales, de información y de defensa.
En este sentido, el tribunal considera que estas resoluciones recogen "clara y sucintamente" los motivos y destaca que hay que tener en cuenta que "las actuaciones se encontraban secretas", lo que permitía al juez "no facilitar datos relevantes del sumario que pudieran afectar a la investigación".
Según las resoluciones del juez recurridas, Roca habría obtenido a través de distintas actividades ilícitas importantes cantidades de dinero y "para ocultar o encubrir estos fondos, ha desarrollado una complejísima estructura societaria" de cuya dirección se encargaba dicho gabinete jurídico. De hecho, según el auto de prisión, uno de los letrados se dedicaba a "diseñar y coordinar" la sociedades y sus actividades mientras que otros estaban "al frente" de las mismas.
Según el juez, esta parte de la organización, "dotada de una estructura perfectamente diseñada", se dedicaba a todos los temas inmobiliarios y "a la tenencia de propiedades destacadas de Roca" en distintas zonas de España. Asimismo, habría otra rama, también dirigida por el bufete, en la que participarían otros testaferros.