Cataluña 2006

El acalorado debate político ha ocultado durante buena parte de las negociaciones las repercusiones reales y concretas que el nuevo Estatuto, que sustituye al vigente desde 1979, tendrá para los catalanes. Lo más remarcable será el traspaso de nuevas competencias a la Generalitat de Cataluña que, de gestionarse correctamente, revertirá en una mejora de los servicios públicos. La financiación, el traspaso de los trenes de cercanías y la gestión de los permisos de trabajo para inmigrantes son algunos ejemplos.

- Financiación. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero va aportar a las arc...

El acalorado debate político ha ocultado durante buena parte de las negociaciones las repercusiones reales y concretas que el nuevo Estatuto, que sustituye al vigente desde 1979, tendrá para los catalanes. Lo más remarcable será el traspaso de nuevas competencias a la Generalitat de Cataluña que, de gestionarse correctamente, revertirá en una mejora de los servicios públicos. La financiación, el traspaso de los trenes de cercanías y la gestión de los permisos de trabajo para inmigrantes son algunos ejemplos.

- Financiación. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero va aportar a las arcas de la Generalitat el nuevo sistema de financiación incluido en el Estatuto de 2006. Aunque para empezar, la Generalitat creará su propia Agencia Tributaria, una ventanilla única donde los ciudadanos podrán pagar todos los impuestos, catalanes y estatales. Además, el Gobierno catalán recibirá un porcentaje más elevado de los grandes impuestos del Estado: hasta el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco y alcohol), una cesta que supera con creces la anterior (33% de IRPF, 35% de IVA y 40% de especiales).

Queda por negociar la aportación de Cataluña a la solidaridad interterritorial

Sin embargo, queda todavía por negociar la aportación de los catalanes a la solidaridad interterritorial. El Estatuto cita tan sólo los principios generales de la solidaridad con el resto de comunidades autónomas, pero la concreción exacta deberá pactarse durante los próximos meses con el Ministerio de Economía y el resto de Gobiernos autónomos. Se trata de una negociación crucial para saber cuánto dinero supondrá anualmente el nuevo Estatuto para Cataluña.

Pero hay cifras que ya son una realidad. La más importante es el incremento de la inversión estatal en las infraestructuras catalanas. Se trata de una aportación adicional de 800 millones de euros anuales hasta 2013 dentro del capítulo de infraestructuras, una de las reivindicaciones históricas de todos los partidos. En concreto, el Estatuto cifra esta inversión en el peso de la economía catalana en el conjunto de España: el 18,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

En los últimos 15 años, la inversión que el Estado ha acabado por ejecutar en Cataluña ha alcanzado el 12%. De esa diferencia surgen los 800 millones anuales. Convergència i Unió quiere destinar la mayor parte de este importe a suprimir algunos peajes de autopistas en Cataluña y ha prometido que, con este nuevo sistema de financiación, podrá eliminar progresivamente el impuesto de sucesiones y donaciones, algo que ya han hecho algunas comunidades gobernadas por el PP.

- Infraestructuras ferroviarias. En enero de 2005 la Generalitat asumió la obsoleta y deficitaria línea de ferrocarril de Lleida a La Pobla de Segur. Desde entonces ha invertido 19 millones de euros en la renovación de vías en el tramo hasta Balaguer, lo que ha permitido reducir la duración del viaje en 20 minutos. La empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat se encarga ahora de la gestión y ha puesto en funcionamiento ocho trenes diarios en cada sentido.

El nuevo Estatuto prevé un traspaso similar con todas las líneas de cercanías y regionales de Renfe que discurran de forma íntegra por territorio catalán. La Generalitat asumirá la gestión y la prestación de servicios, pero, al contrario de lo que sucede en la línea de Lleida, no será la propietaria de las vías, que permanecerán en manos de la estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). El Gobierno catalán, por tanto, pagará a Adif un canon por la utilización de esta infraestructura.

Una vez traspasada la competencia, la Generalitat será la responsable de prestar el servicio a los 120 millones de personas que anualmente utilizan los trenes de cercanías en el área metropolitana de Barcelona. Podrá ampliar la frecuencia de paso de los trenes, comprar nuevos convoyes o renovar las estaciones.

Los socialistas proponen la cohabitación de dos operadores, uno que asumiría el servicio que ahora presta Renfe y otro para gestionar las líneas de Ferrocarriles de la Generalitat. Convergència i Unió, en cambio, apuesta por que Ferrocarriles sea el único gestor existente en Cataluña.

- Inmigración. En el último año se han regularizado 23.000 nuevos inmigrantes en Cataluña, lo que consolida esta comunidad como la que más ciudadanos extranjeros acoge en su territorio: 799.000 según el Instituto Nacional de Estadística. La mayor parte de los nuevos inmigrantes regularizados lo hicieron a través del dispositivo extraordinario adoptado por el Gobierno central, con una tramitación que sindicatos y asociaciones de inmigrantes criticaron por lenta y centralizada. El nuevo Estatuto otorga a la Generalitat plenas competencias para tramitar y resolver los permisos de trabajo de los inmigrantes, a los que va asociado el permiso de residencia. Ello permitirá que los inmigrantes que estén en condiciones de regularizarse no deban acudir a las subdelegaciones del Gobierno de las cuatro capitales de provincia sino hacerlo a través de alguna de las 73 oficinas de empleo de la Generalitat.

A la hora de establecer las cuotas de trabajadores extranjeros, competencia reservada al Estado, la Generalitat también podrá participar en la toma de decisiones, lo que permitirá ajustar más el perfil de los inmigrantes a las necesidades del mercado laboral de Cataluña. En las últimas semanas, el líder de CiU, Artur Mas, ha prometido que si llega a la presidencia de la Generalitat, utilizará las nuevas competencias en inmigración para que los recién llegados deban comprometerse a integrarse mediante lo que denominó "carta de ciudadanía", que incluye el aprendizaje de la lengua y cultura catalanas.