El Ejecutivo excedió el límite para endeudarse con un crédito que no usó
El informe del Tribunal de Cuentas recoge la petición por parte del Gobierno de un préstamo por importe de 275 millones de euros que contribuyó a superar el límite máximo de endeudamiento que permite la ley. La formalización del crédito supuso que se rebase en 159,2 millones de euros el límite de 1.085 millones establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para el ejercicio 2003.
La cifra máxima de endeudamiento establecida en las leyes de presupuestos constituye un límite cuantitativo a la emisión de deuda o a la concertación de cualquier operación de endeuda...
El informe del Tribunal de Cuentas recoge la petición por parte del Gobierno de un préstamo por importe de 275 millones de euros que contribuyó a superar el límite máximo de endeudamiento que permite la ley. La formalización del crédito supuso que se rebase en 159,2 millones de euros el límite de 1.085 millones establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para el ejercicio 2003.
La cifra máxima de endeudamiento establecida en las leyes de presupuestos constituye un límite cuantitativo a la emisión de deuda o a la concertación de cualquier operación de endeudamiento.
El crédito no tenía un destino fijo e incluso no llegó utilizarse, según indica el tribunal. El Gobierno alega que la póliza de préstamo no superó los límites fijados y, además, que se dispuso del dinero a 31 de diciembre de 2004.
El órgano fiscalizador también observa un incumplimiento en la concesión de una subvención de 30.000 euros por parte del Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social, que dirige Joseba Azkarraga. La ayuda se dirigió a financiar una expedición de montaña y promover el respeto y difusión de los derechos humanos. Según el Tribunal de Cuentas, este tipo de subvenciones no entra dentro de las competencias del departamento, ni se ha justificado la excepcionalidad de la actuación.
Frente a este argumento, el departamento, a través de su Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia, asegura que es competente, porque se trataba de la entrega de dos manuscritos con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en Nepal en una de sus montañas sagradas y en un monasterio.
El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que encabeza Javier Madrazo, es censurado por la contratación de asesores para realizar labores propias de los funcionarios de la Administración. El importe de estas facturas ascendió a 200.000 euros. El departamento se defiende alegando que son actividades específicas "a veces muy especializadas y en ningún caso ordinarias". Por ello, la consejería consideró más adecuado el recurso a medios externos.