El juez procesa a tres jóvenes acusados de dejar en estado vegetativo a un urbano durante un desalojo
La defensa niega los cargos y afirma que ha habido irregularidades en la investigación
El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha dictado auto de procesamiento contra tres jóvenes acusados de dejar "en estado vegetativo persistente" a un agente de la Guardia Urbana durante los incidentes ocurridos el pasado 4 de febrero en el desalojo de una casa okupada de Ciutat Vella. La juez les imputa los delitos de atentado y lesiones en su modalidad más agravada. La defensa de dos de los tres acusados negó ayer los cargos y aseguró que durante la investigación judicial se han producido irregularidades y malos tratos a sus clientes.
Álex Cisterna, Rodrigo Lanza y Jua...
El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha dictado auto de procesamiento contra tres jóvenes acusados de dejar "en estado vegetativo persistente" a un agente de la Guardia Urbana durante los incidentes ocurridos el pasado 4 de febrero en el desalojo de una casa okupada de Ciutat Vella. La juez les imputa los delitos de atentado y lesiones en su modalidad más agravada. La defensa de dos de los tres acusados negó ayer los cargos y aseguró que durante la investigación judicial se han producido irregularidades y malos tratos a sus clientes.
Álex Cisterna, Rodrigo Lanza y Juan Manuel Pinto permanecen en prisión provisional desde la noche del 6 de febrero por decisión del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, que investigó los hechos y ahora les ha procesado. La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona ratificó el encarcelamiento el 15 de marzo. Otros seis jóvenes quedaron en libertad con cargos por decisión del mismo juzgado.
Inicialmente esos tres jóvenes fueron acusados de tentativa de homicidio y lesiones, pero finalmente sólo se ha mantenido este último delito, al que se ha añadido el de atentado a la autoridad. Ambos cargos se les imputa en su versión más agracada, con lo que las penas que prevé el Código Penal oscilan entre los 6 y los 12 años en el primer caso y entre cuatro y seis años en el delito de atentado.
Los incidentes, en los que resultó gravemente herido el agente de la Guardia Urbana J. S. D., de 40 años, ocurrieron en el número 55 de la calle de Sant Pere més Baix, en un local denominado Anarko Peña Cultural. Allí se estaba celebrando una fiesta ilegal en la que participaban 1.200 personas, a pesar de que el local había sido clausurado días antes.
La versión oficial aseguró inicialmente que el policía había sido alcanzado en la cabeza por una maceta y posteriormente se dijo que fue el lanzamiento de una piedra lo que le produjo las heridas de gravedad. El agente pasó diversos días en la UCI y actualmente se encuentra "en estado vegetativo persistente", según el último diagnóstico médico. El policía es padre de cuatro hijos y hasta entonces se ocupaba de su cuidado, porque trabajaba de noche.
Eduardo Cáliz, abogado de dos de los tres encarcelados, anunció ayer que recurrirán el procesamiento y afirmó que no existen pruebas que imputen a sus clientes. También habló de que se ha producido una merma del derecho de defensa durante la investigación judicial.
Informes periciales
El letrado de la defensa esgrimió un informe pericial de parte elaborado por dos forenses en el que se asegura que la contusión frontal del agente se debió al "impacto de baja energía con objeto plano de la suficiente extensión como para abarcar la totalidad del hueso frontal". También aseguran que esa lesión y sus características "son compatibles con caída al suelo del cuerpo desde una posición de inclinación hacia delante". Por contra, el informe de las dos forenses judiciales habla del "impacto de o contra un objeto contundente" y que se produjeron "mecanismos de golpe y contragolpe".
La madre de unos detenidos y representantes de diversas entidades acompañaron ayer al abogado defensor en una rueda de prensa en la que se denunció los supuestos tratos degradantes y las "torturas" que han sufrido los detenidos por parte de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra. Esos hechos fueron denunciados por los afectados ante el mismo juzgado y están pendientes de investigación. Un portavoz de la policía municipal defendió ayer la investigación realizada y se remitió a las decisiones judiciales.