El PSOE insiste en que la póliza de Castillejo es inmoral, pese a ser legal
La Junta señala que acata la sentencia, ya que es firme y no se puede recurrir
El secretario del PSOE en Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, sostuvo ayer que la póliza millonaria de Miguel Castillejo, ex presidente de Cajasur, "no es moral". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la legalidad del seguro de 2,9 millones. Castillejo recibirá al año 210.000 euros, y cuando muera, sus cuatro hermanas heredarán la póliza. "Un sacerdote debería ser coherente y dar ejemplo", dijo el socialista. La Junta acatará la sentencia, puesto que es firme y no se puede recurrir.
El sacerdote Miguel Castillejo no tendrá muchos problemas para afrontar el pag...
El secretario del PSOE en Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, sostuvo ayer que la póliza millonaria de Miguel Castillejo, ex presidente de Cajasur, "no es moral". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la legalidad del seguro de 2,9 millones. Castillejo recibirá al año 210.000 euros, y cuando muera, sus cuatro hermanas heredarán la póliza. "Un sacerdote debería ser coherente y dar ejemplo", dijo el socialista. La Junta acatará la sentencia, puesto que es firme y no se puede recurrir.
El sacerdote Miguel Castillejo no tendrá muchos problemas para afrontar el pago de la multa de 50.000 euros que le ha impuesto el Banco de España por maquillar las cuentas de la entidad en 2003 y 2004. Además de lo que ha podido atesorar durante sus más de 25 años al frente de la caja, la jubilación de oro de este cura tiene un complemento de al menos 210.000 euros al año, casi 35 millones de pesetas.
En septiembre de 2001, Cajasur firmó un contrato con la aseguradora Caser que garantizaba a Castillejo una renta vitalicia. La entidad pagó a la empresa de seguros 2,9 millones. A cambio, se establecía una pensión equivalente a "la retribución bruta que corresponda al director general de Cajasur, incrementada en 3.005 euros". Como no se conocía en el momento de la firma esa cantidad, se fijó un mínimo de 209.083 euros. En una de las cláusulas, se especificaba que, cuando muera el sacerdote, sus cuatro hermanas cobrarán la mitad de la pensión en orden descendente. Es decir, cuando fallezca la menor de las hermanas de Castillejo, Caser dejará de pagar la pensión.
Tras conocerse la polémica póliza saltó el escándalo. La Junta tomó la decisión de paralizarla al considerarla ilegal. La entidad recurrió al TSJA y ahí estaba el asunto de la póliza, sin una suspensión como solicitaba la Junta, hasta el viernes pasado, cuando el tribunal avaló la legalidad de la póliza.
El argumento que esgrimía la Junta era que se trataba de una indemnización encubierta, algo que prohibía la Ley de Cajas. Sin embargo, la entidad sostenía que era sólo un complemento de la pensión de Castillejo.
"Para vivir"
"El asunto de la legalidad es lo menos importante, lo cierto es que la póliza no es moral", sostuvo ayer Ruiz Almenara. El PSOE, y al principio IU, encabezaron una dura lucha contra la pensión de Castillejo. El obispo de Córdoba entonces, Francisco Javier Martínez, también se sumó a las críticas contra una póliza que consideraba "escandalosa". A la larga, las declaraciones contra el sacerdote banquero le costaron a Martínez poner rumbo a Granada. Eso sí, después de que Castillejo hiciera una visita al Vaticano.
Y, ¿qué decía Castillejo de su póliza? Pocas fueron las veces en las que se pronunció el cura sobre este asunto. Quienes hablaban de la pensión eran los directivos de entonces. "Es un complemento de pensión que le permitirá seguir haciendo obras de misericordia y vivir con dignidad", dijo José Eduardo Huertas, director de la obra social de Cajasur entonces. Castillejo, en una entrevista a un periódico, incidió en el mismo argumento: "Me dará para vivir y para poder tener a mi cargo alguna persona, un secretario o alguien que esté a mi servicio por mi edad o por mi estado".
Los acuerdos entre la Iglesia y la Junta, que incluían la vuelta de la caja a la tutela autonómica y la salida de Castillejo, implicaron la retirada de todos los recursos que había puesto en marcha la Administración andaluza contra la entidad de ahorro. Todos menos uno, el de la póliza, ya que se decidió que este asunto lo resolvieran los jueces.
Por su parte, un portavoz de la Consejería de Economía dijo ayer que "no se ha recibido ningún tipo de notificación, ni política ni jurídica, pero en el momento en que recibamos dicha notificación, la acataremos, como no puede ser de otra forma, ya que no se puede recurrir".