Provincias y Diputaciones para el XXI
Casi siempre que utilizamos tópicos o generalizamos nos equivocamos. Desde hace muchos años son tópicos las afirmaciones que suelen difundirse cuando se dice algo sobre las provincias o las diputaciones para descalificarlas, pero nunca esos argumentos van acompañados de análisis serios sobre su actividad y mucho menos en formular propuestas de futuro.
Con estas líneas pretendo animar a una reflexión seria y serena sobre el papel de las Diputaciones en Andalucía, partiendo de un conocimiento real de éstas y sin tópicos.
Es frecuente oír que las Diputaciones son instituciones decim...
Casi siempre que utilizamos tópicos o generalizamos nos equivocamos. Desde hace muchos años son tópicos las afirmaciones que suelen difundirse cuando se dice algo sobre las provincias o las diputaciones para descalificarlas, pero nunca esos argumentos van acompañados de análisis serios sobre su actividad y mucho menos en formular propuestas de futuro.
Con estas líneas pretendo animar a una reflexión seria y serena sobre el papel de las Diputaciones en Andalucía, partiendo de un conocimiento real de éstas y sin tópicos.
Es frecuente oír que las Diputaciones son instituciones decimonónicas, descalificación fácil ligada a su antigüedad y no es acertado, porque ni lo antiguo se corresponde necesariamente con lo desechable, ni lo moderno equivale invariablemente a progresismos. Las diputaciones tienen su origen en la primera mitad del XIX, precisamente como mecanismo descentralizador del Estado. Posteriormente ese carácter de división estatal ha ido perdiendo peso y las provincias fueron adquiriendo el carácter de Entidad Local que hoy gobiernan y administran las Diputaciones. Por eso es absurdo presentar a las diputaciones como un vestigio centralista.
En otras ocasiones el ataque estereotipado se centra en el personal de las Diputaciones: es excesivo, son excesivos sus costes salariales.... argumentos que no se sostienen pues las competencias de éstas en los últimos tiempos han ido centrándose en las distintas vertientes de la cooperación local para lo que es necesario personal altamente cualificado del que carecen los municipios, por lo que es evidente que ese apoyo técnico a los municipios genera costes salariales. El personal de las Diputaciones debe ser, pues, su mayor activo.
Incluso se dice a veces que la división provincial es artificial, pero casi doscientos años después es evidente que esta división está muy arraigada socialmente. En cualquier caso cualquier nueva división territorial sería más artificial.
No menos estupor produce ver la inconsistencia con la que se proponen nuevos modelos de intermunicipalidad, porque no se proponen reformas de las Diputaciones, sino directamente la creación de nuevas entidades. A quien ésto propone habría que preguntarle: ¿la creación de nuevas entidades sería menos costosa que posibles reformas de las Diputaciones? ¿Serían más eficientes que las experimentadas Diputaciones? ¿Lo que demanda la ciudadanía es la creación de nuevos entes públicos, duplicando recursos y seguramente solapando competencias?
Lo peor podía ser que tras esta cortina de descalificaciones se esconda un recelo sobre el supuesto poder de las diputaciones. Quien dice esto, está perdiendo el rumbo: las administraciones públicas tienen competencias y la obligación de prestar servicios a los ciudadanos; no es poder lo que nuestro Estado democrático de derecho atribuye a los distintos niveles de gobierno. Por eso, es fundamental promover la mayor cooperación entre el nivel autonómico y el provincial.
Hemos de revisar donde decimos en la proposición de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuando establece como única relación de la Comunidad Autónoma con las Diputaciones la de la "coordinación obligatoria de todas las competencias de éstas"; es decir, no se busca una colaboración y cooperación voluntaria, incluso se contempla la coordinación obligatoria de las competencias funcionales y esto es de realización casi inimaginable. En las leyes autonómicas de los ochenta ya fue prevista esta coordinación y nunca han sido aplicadas.
El borrador del anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local dibuja entre otros el perfil de trabajar mano a mano con los Ayuntamientos para suplir sus déficit y ayudarles a desarrollar sus propias políticas.
En la Diputación de Granada mediante la Concertación lo estamos haciendo.
Si como alguien ha dicho, uno de los errores más comunes del ser humano suele ser confundir el cambio con el progreso, cambiemos responsablemente lo que sea preciso, pero nunca apoyados en el débil báculo de los tópicos.
Antonio Martínez Caler es presidente socialista de la Diputación de Granada.