China acusa a la Audiencia de interferir en sus asuntos internos
El Gobierno de China declaró el martes que la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el presunto genocidio cometido por las autoridades chinas en Tíbet es una interferencia en los asuntos internos chinos, al tiempo que calificó de "absoluta mentira" los hechos que se imputan a Pekín. "Las denuncias del llamado genocidio en Tíbet son una difamación total, una absoluta mentira", declaró el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Liu Jianchao.
Asimismo, advirtió de que Pekín se opone a cualquier interferencia en sus asuntos internos, incluidos los relacionados con Tíbet...
El Gobierno de China declaró el martes que la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el presunto genocidio cometido por las autoridades chinas en Tíbet es una interferencia en los asuntos internos chinos, al tiempo que calificó de "absoluta mentira" los hechos que se imputan a Pekín. "Las denuncias del llamado genocidio en Tíbet son una difamación total, una absoluta mentira", declaró el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Liu Jianchao.
Asimismo, advirtió de que Pekín se opone a cualquier interferencia en sus asuntos internos, incluidos los relacionados con Tíbet. La Audiencia Nacional comenzó el día 5 a practicar diligencias sobre el caso con el interrogatorio de Thubten Wangchen, ciudadano español de origen tibetano personado en la causa como acusación particular, quien tuvo que exiliarse a Nepal, India y España.
Además de esta medida, el juez de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha librado comisión rogatoria internacional a Reino Unido y Canadá con el fin de interrogar a otros testigos y víctimas del supuesto genocidio, en el que se calcula que más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas. A petición del fiscal, el magistrado ha solicitado también a Exteriores que informe sobre los documentos y resoluciones de la ONU relativas al caso del Tíbet, sobre los cargos desempeñados por los denunciados y sobre cualquier información relativa a las víctimas.
Estas declaraciones se producen además cuando el Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional investigar el presunto genocidio y torturas de integrantes del movimiento chino Falun Gong.