Jueces para la Democracia cree que la Justicia no debe obstaculizar el proceso

La sección vasca de la asociación Jueces para la Democracia ha elaborado una ponencia para su congreso nacional en la que defiende que los jueces no deben "ser un obstáculo" en "el proceso de paz" abierto tras el alto el fuego permanente de ETA para que el mismo "culmine con éxito". La comunicación será debatida en el congreso que la asociación progresista y minoritaria en la carrera judicial celebrará mañana y el viernes en Vitoria. El texto, titulado también Proceso de paz, resalta que los jueces tienen "un margen de actuación en el ámbito de las leyes penales y penitenciarias referid...

La sección vasca de la asociación Jueces para la Democracia ha elaborado una ponencia para su congreso nacional en la que defiende que los jueces no deben "ser un obstáculo" en "el proceso de paz" abierto tras el alto el fuego permanente de ETA para que el mismo "culmine con éxito". La comunicación será debatida en el congreso que la asociación progresista y minoritaria en la carrera judicial celebrará mañana y el viernes en Vitoria. El texto, titulado también Proceso de paz, resalta que los jueces tienen "un margen de actuación en el ámbito de las leyes penales y penitenciarias referidas al fenómeno terrorista".

El documento respalda que en el momento de que el juez adopte medidas cautelares en un proceso penal -como las que, por ejemplo, ha ido tomando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en los últimos meses en relación con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna- "puede tener cabida, además de otros intereses que conforman la realidad social, un factor como la desaparición de ETA, a la hora de conferir significación a las reglas legales".

Con todo, el texto, al que ha tenido acceso este periódico y que se votará en el congreso, subraya también que los jueces están "sujetos a límites imposibles de rebasar", pues su actuación "se basa en la ley como único criterio de toma de decisión".

Por ello recuerda que en este momento histórico, tras el parón de ETA y después de tres años sin atentados mortales, deben ser "las instituciones competentes quienes adopten las medidas penitenciarias, gubernativas o legislativas que estimen oportunas para lograr el recto encauzamiento del denominado proceso de paz".

Aunque el texto no enumera ninguna de ellas, es evidente que se refiere a posibles acercamientos de presos etarras a las cárceles vascas o progresión de grados hasta llegar al régimen abierto, "algo que han hecho tanto los gobiernos socialistas como los del PP", destacan fuentes de la asociación de jueces en Euskadi.

"Sujeción a la legalidad"

Jueces para la Democracia saluda en la ponencia la decisión de ETA, pero advierte de que el "cese de la actividad terrorista" no puede "instrumentarse mediante un proceso que conculque la legalidad vigente". Recuerda además que "el derecho específico de sus víctimas refuerza esa exigencia de sujeción a la legalidad". "Se ponen fin a una actividad delictiva que causaba perjuicios irreparables a las víctimas de la misma", añade.

El documento dibuja el futuro que se abre en Euskadi tras el anuncio de ETA del pasado 22 de marzo. Y aunque no habla de mesas de partidos, la asociación judicial progresista destaca que la desaparición de la banda armada va a permitir en el futuro el debate de las posiciones políticas en Euskadi "sin más instrumentos que los propios de una sociedad avanzada: mediante la palabra, el convencimiento y la decisión que los criterios en pugna en función de su asunción mayoritaria por los ciudadanos".

Aunque no los cita, también apunta las críticas de la asociación a determinados cambios legislativos, "incompatibles con valores constitucionales o principos básicos del derecho penal y penitenciario español".