La Audiencia Provincial fija la vista oral del 'caso funeraria', que ocurrió hace 14 años

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido las pruebas presentadas en el llamado caso funeraria. Los magistrados encargados del proceso, que se prolonga desde hace más de una década, han establecido para el próximo 17 de julio la celebración de la vista pública oral. El caso funeraria data de 1992, cuando el Ayuntamiento, del PP, vendió el 49% de la funeraria municipal por 0,6 euros a Funespaña. El PP alegó que la funeraria era ruinosa, pero poco después arrojaba pingües beneficios. En el juicio están imputados tres ex concejales del PP: Luis María Huete, Simón Viñals y Antoni...

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido las pruebas presentadas en el llamado caso funeraria. Los magistrados encargados del proceso, que se prolonga desde hace más de una década, han establecido para el próximo 17 de julio la celebración de la vista pública oral. El caso funeraria data de 1992, cuando el Ayuntamiento, del PP, vendió el 49% de la funeraria municipal por 0,6 euros a Funespaña. El PP alegó que la funeraria era ruinosa, pero poco después arrojaba pingües beneficios. En el juicio están imputados tres ex concejales del PP: Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno.

Parece vislumbrarse el final del túnel en el caso funeraria, que ya se prolonga casi 15 años. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado la vista pública oral para el 17 de julio y, si procede, "continuará el día 18 de julio", señala el auto.

"Ha sido un proceso largo y complejo, que parece que por fin avanza", explica Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento.

El caso se inició en 1992 cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del PP, aprobó la venta del 49% del capital de la funeraria municipal a la empresa privada Funespaña por sólo 0,6 euros (100 pesetas). Un precio simbólico que el PP justificó por la situación ruinosa de la funeraria municipal. Meses más tarde, la empresa mixta ganaba más de seis millones de euros. Además, el fiscal valoró la empresa pública en cerca de siete millones de euros.

La instrucción judicial del caso comenzó en 1999 en la más alta instancia judicial de Madrid, por ser Huete en ese momento diputado regional. La investigación se prolongó hasta 2002, cuando el fiscal pidió 25 años de cárcel para los imputados: Luis María Huete Morillo, Simón Viñals y Antonio Moreno Bravo, ex concejales y cargos públicos del PP, acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de influencias. Pero en septiembre de 2003, la fiscalía elevó un informe al Tribunal Supremo para que el caso se trasladase a la Audiencia Provincial alegando que Huete ya no era diputado regional.

El Tribunal Superior tiene potestad para juzgar a diputados autonómicos, pero no a concejales. Éstos deben ser procesados en la Audiencia Provincial.

Admitidas las pruebas

Además, en el auto emitido por los tres magistrados del caso, el pasado 18 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido las pruebas presentadas cuando el procedimiento estaba en el Tribunal Superior de Justicia. "Se declaran pertinentes las pruebas propuestas por el ministerio fiscal, acusaciones particulares y defensas", establece.

"Ya estuvo a punto de iniciarse el juicio oral en 2003 en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", recuerda Sabanés. Pero entonces se acordó posponerlo por la proximidad de las elecciones y evitar así politizar el tema. La portavoz de la coalición de izquierdas ha denunciado en repetidas ocasiones la lentitud del proceso.

"Ya existe una sentencia de irregularidad del proceso, y ahora hay que depurar las responsabilidades políticas del caso", señala Sabanés. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya anuló, en 2003, la convocatoria y el pliego de condiciones redactado en 1992 por el gobierno del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. La sentencia del Superior de Justicia está recurrida ante el Tribunal Supremo.

La última parada fue el pasado abril, cuando el magistrado de la Audiencia Provincial Juan José López Ortega se inhibió del caso por ser amigo de los letrados que defienden a los imputados.

Sabanés ha criticado que "los abogados de la defensa han intentado frenar el proceso con multitud de estrategias". Y recuerda: "En una de las últimas alegaciones dijeron que habían perdido documentos esenciales para el caso en el incendio del Windsor".