'Sin papeles' en Europa
Injusto sería afirmar que el Gobierno socialista se ha cruzado de brazos -probablemente, era imposible hacerlo- ante la avalancha de inmigrantes ilegales subsaharianos que en gran número están llegando a las costas de Canarias en estos tres últimos meses. Ha anunciado medidas y ha logrado implicar a la Unión Europea en un asunto que, obviamente, no compete sólo a España y que, por tanto, en el supuesto de que tenga una solución a la vista, ésta no puede venir de un solo país.
Desgraciadamente, todo lo que se ha hecho hasta ahora se halla todavía entre interrogantes, tratándose de un pro...
Injusto sería afirmar que el Gobierno socialista se ha cruzado de brazos -probablemente, era imposible hacerlo- ante la avalancha de inmigrantes ilegales subsaharianos que en gran número están llegando a las costas de Canarias en estos tres últimos meses. Ha anunciado medidas y ha logrado implicar a la Unión Europea en un asunto que, obviamente, no compete sólo a España y que, por tanto, en el supuesto de que tenga una solución a la vista, ésta no puede venir de un solo país.
Desgraciadamente, todo lo que se ha hecho hasta ahora se halla todavía entre interrogantes, tratándose de un problema que desborda la capacidad de España, pero que éste y anteriores Gobiernos no han sabido de antemano calibrar, como mínimo, a tiempo. Por eso es legítimo albergar dudas sobre la eficacia de tales acciones -ésas y las prometidas por la Comisión Europea-, la celeridad con que se llevarán a cabo, el tipo de colaboración de los Gobiernos africanos en la repatriación de los pobres desgraciados que huyen, el impacto general del Plan África o la fiabilidad que puedan tener las palabras de Zapatero cuando, siempre optimista, pronostica en el Senado una reducción sustancial de la llegada de cayucos.
Lo logrado por la vicepresidenta Fernández de la Vega en su viaje el pasado martes a Bruselas es mejor que nada. Y que no se entienda con ello que la batería de 15 medidas urgentes que la Comisión Europea ha acordado poner en marcha en respuesta a la crisis de los sin papeles es menospreciable. Algunas ya habían sido comprometidas en la cumbre del pasado diciembre bajo presidencia británica -ya se sabe que en la jerga comunitaria "urgencia" es algo relativo-; otras, sin embargo, tienen cierta relevancia, como el despliegue de lanchas rápidas y aviones de reconocimiento por parte de ocho países de la Unión en las costas canarias y de África occidental. Aunque, claro está, la solución no pasa sólo por el control de fronteras, sino por la cooperación y asistencia económica a esas naciones que viven en la miseria. Todo ha de plasmarse en presupuestos comunitarios. Sin ellos, la voluntad europea carecerá de credibilidad.
La visita de Fernández de la Vega a la capital de la UE, al margen de lo que puedan dar de sí en el futuro esas medidas acordadas, ilustra, y de manera bien frustrante, un hecho palpable: los escasos márgenes de capacidad que tiene hoy día la Comisión Europea. Su presidente, el portugués Durão Barroso, por muy comprensivo y voluntarioso que se haya podido mostrar con su ilustre visitante, no ha podido ofrecerle mucho más, porque el mal llamado Ejecutivo comunitario sigue teniendo competencias muy limitadas en materia de inmigración.