El Consultivo pide el mismo rasero para todos los operadores de ITV

Las empresas de inspección técnica de vehículos (ITV) que ya operen en otras autonomías y quieran instalarse en Cataluña sólo necesitarán notificar sus intenciones a la nueva Agencia Catalana de Seguridad Industrial (ACSI), pero no pasar un filtro que les "habilite" para ello. Así lo dictamina el Consejo Consultivo de la Generalitat, que encuentra visos de inconstitucionalidad en cuatro artículos de la nueva Ley de Seguridad Industrial, pero valida el cambio de régimen (de las concesiones a las autorizaciones) aprobado por el Gobierno catalán.

El proyecto de Ley de Seguridad Industrial ...

Las empresas de inspección técnica de vehículos (ITV) que ya operen en otras autonomías y quieran instalarse en Cataluña sólo necesitarán notificar sus intenciones a la nueva Agencia Catalana de Seguridad Industrial (ACSI), pero no pasar un filtro que les "habilite" para ello. Así lo dictamina el Consejo Consultivo de la Generalitat, que encuentra visos de inconstitucionalidad en cuatro artículos de la nueva Ley de Seguridad Industrial, pero valida el cambio de régimen (de las concesiones a las autorizaciones) aprobado por el Gobierno catalán.

El proyecto de Ley de Seguridad Industrial regula el mercado de las empresas de inspección técnica de vehículos (ITV) y las entidades que validan el funcionamiento correcto de instalaciones y aparatos, de un ascensor a la calefacción.

El cambio de modelo definido por la Generalitat acaba con el anterior régimen de concesiones e introduce un modelo basado en las autorizaciones. Y se produce tras un encontronazo con Applus+, que controla el mercado catalán de las ITV y está participada por Agbar, Caja Madrid y Unión Fenosa. El Gobierno actual anuló la prórroga de la concesión a esta empresa aprobada por el anterior, de CiU.

El dictamen del Consultivo estipula la "constitucionalidad" global de la ley, que según Trabajo e Industria "permitirá incrementar el número de operadores en competencia", pero pone en tela de juicio cuatro artículos. Así, además de apostar por la autorización automática para todos los operadores que funcionen en España, cuestiona que la ley catalana respete la libertad de empresa cuando fija las tarifas mínimas de las ITV (no se mete con las máximas), obliga a equiparar las cuantías de las sanciones a que haya lugar en Cataluña con las que fija la normativa estatal y prohíbe la devolución de las tasas a los operadores a los que se deniegue autorización para trabajar.