El PP decide suspender de militancia al alcalde de Orihuela tras su imputación por corrupción

La dirección nacional del PP ha solicitado al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, que pida la suspensión temporal de militancia a raíz de su imputación por una juez por un supuesto delito de ordenación del territorio. En el caso de que el primer edil oriolano no acceda de manera voluntaria a la propuesta de la cúpula conservadora, será el comité nacional de garantías del partido, que preside el ex ministro Federico Trillo, el que tome una decisión, según informó ayer la Cadena SER.

Este periódico intentó ayer conocer la opinión de Medina sobre la propuesta de la dirección nacional....

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La dirección nacional del PP ha solicitado al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, que pida la suspensión temporal de militancia a raíz de su imputación por una juez por un supuesto delito de ordenación del territorio. En el caso de que el primer edil oriolano no acceda de manera voluntaria a la propuesta de la cúpula conservadora, será el comité nacional de garantías del partido, que preside el ex ministro Federico Trillo, el que tome una decisión, según informó ayer la Cadena SER.

Este periódico intentó ayer conocer la opinión de Medina sobre la propuesta de la dirección nacional. Fuentes próximas a Medina subrayaron que el alcalde estuvo, al menos hasta el mediodía de ayer, en la localidad, en concreto en una pedanía asistiendo a una inauguración oficial.

José Manuel Medina, alineado con el bando del PP valenciano que lidera el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha expresado en reiteradas ocasiones que cuenta con el respaldo de la dirección regional del partido que preside el propio Camps. Mientras, fuentes próximas al sector contrario, los afines al actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados Eduardo Zaplana, expresaron su sorpresa con la iniciativa de la dirección nacional del PP de suspender de militancia al primer edil oriolano. En el supuesto de que Medina sea dado de baja del PP, será el primer cargo público de los conservadores valenciano imputado en procesos judiciales obligado a dejar la formación. El primer cargo en esa situación es el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

José Manuel Medina, alcalde de Orihuela desde 1996, ha sido imputado por la titular del juzgado número 4 de Orihuela, Lidia María Paloma Montaño, a raíz de la denuncia del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, por supuestos hechos delictivos derivados de la gestión urbanística y contable del Consistorio. El ministerio público ha desglosado la denuncia en una causa principal y 15 secundarias. La primera va dirigida directamente contra el alcalde por el uso de bienes -un chalé, un Rolls Royce y un Audi A8- propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas municipales. En un auto dictado el pasado día 10, la juez considera "necesario" tomar declaración a José Manuel Medina como imputado por un delito de ordenación del territorio".

Causas secundarias

La juez ha remitido las 15 causas subsidiarias al decanato de Orihuela para su reparto.El fiscal imputa los supuestos hechos delictivos de esas causas al alcalde, la comisión de gobierno del Ayuntamiento, promotores y empresarios. El auto de la magistrada relata las irregularidades a las que se refiere el ministerio fiscal en su escrito, consistentes básicamente en: "La emisión de facturas falsas, e irregularidades en contrataciones con determinadas empresas; apropiación de las recaudaciones de entradas de actuaciones artísticas; subvenciones concedidas sin justificar a la junta directiva de la asociación de Moros y Cristianos; concesiones de anticipos a cuenta a algunos concejales sin acuerdo previo del órgano competente; cambio del presupuesto en la Glorieta Gabriel Miró aumentándolo en 5 millones de euros, irregularidades en la contratación del asesor de personal por incompatibilidad manifiesta; pagos de salarios extras a una empresa no incluido en el contrato vigente; irregularidades en la compra de viviendas en el casco antiguo de Orihuela; y abusos urbanísticos".

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La mayoría de esos hechos delictivos que menciona el fiscal fueron denunciados en febrero de 2005 por el ex interventor de la corporación.

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