Altea rechaza un PAI tras un informe negativo del Síndic
Benidorm
El Ayuntamiento de Altea (Marina Baixa) ha rechazado el proyecto para urbanizar Cap Blanc, en la costa del municipio, presentado por una Asociación de Interés Urbanístico (AIU), porque la propuesta no cumple el PGOU y no está avalada por una mayoría cualificada de los propietarios, según recoge un informe del Síndic de Greuges. El Consistorio ha emplazado a la agrupación a que presente en tres meses una alternativa que respete el PGOU o proponga las modificaciones pertinentes siempre con el aval del 51% de los propietarios.
En el trasfondo de la denegación se encu...
Benidorm
El Ayuntamiento de Altea (Marina Baixa) ha rechazado el proyecto para urbanizar Cap Blanc, en la costa del municipio, presentado por una Asociación de Interés Urbanístico (AIU), porque la propuesta no cumple el PGOU y no está avalada por una mayoría cualificada de los propietarios, según recoge un informe del Síndic de Greuges. El Consistorio ha emplazado a la agrupación a que presente en tres meses una alternativa que respete el PGOU o proponga las modificaciones pertinentes siempre con el aval del 51% de los propietarios.
En el trasfondo de la denegación se encuentran los dos contenciosos interpuestos por un grupo de miembros de la AIU contrarios al proyecto elaborado por la junta directiva, a la que acusan de irregularidades. Estos propietarios han solicitado salir de la misma y han pedido amparo al Síndic de Greuges, que emplazó al Ayuntamiento de Altea a solucionar la situación.
La Asociación de Interés Urbanístico de Cap Blanc se creó en septiembre de 2000 impulsada por el Ayuntamiento de Altea, tras la propuesta de una UTE para urbanizar esta partida, la última franja virgen de la bahía alteana. El primer plan preveía construir 1.606 viviendas en edificios de 5, 9 y 15 alturas, lo que creó gran alarma social entre los propietarios, que siguieron los consejos del Ayuntamiento cuando les aseguró que nadie tocaría sus viviendas y les animó a formar la AIU. El 29 de abril de 2000 el pleno aprobó un proyecto para construir en 479.938 metros cuadrados un total de 1.470 viviendas en bloques aislados de hasta seis plantas, realizar un paseo marítimo y rehabilitar la ermita y su entorno.
La creación de la AIU implicó que todos los propietarios cedieran sus escrituras y sus bienes, que pasaron a estar controlados por los representantes elegidos. "Pensamos que lo mejor era que los que sabían un poco del asunto, promotores de la zona, fueran los que nos representaran, pero poco a poco se fueron haciendo con más terreno asustando a los vecinos diciéndoles que no podrían hacer frente a los costes de urbanización y a las cuotas", explica una afectada. Con el tiempo se han hecho con el control de la mayor parte de las parcelas, y sin informar a los pequeños propietarios han realizado múltiples modificaciones al proyecto que "nada tiene que ver con lo que nosotros queríamos", apunta una propietaria
Presión especulativa
Los cambios en el proyecto (hasta 13 según algunos propietarios) suponen mayor inversión, por lo que algunos han optado por vender, ante lo que consideran "presión especulativa". Otros han visto como se les exigía que pagaran a la AIU cantidades desorbitadas por unos gastos que nunca han justificado. Hasta la fecha se han gastado 720.000 euros de los fondos, y pretenden recaudar otro tanto antes de ejecutar ni un solo metro y sin que se sepa nada del proyecto.