Bilbao acusa a ciertos jueces de aliarse con el PP para buscar el "derribo" del autogobierno

El diputado general de Vizcaya, el peneuvista José Luis Bilbao, cargó ayer de sentido político el último varapalo judicial al intento de las haciendas forales de sortear el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 sobre el Impuesto de Sociedades. En unas duras declaraciones, acusó a "ciertos sectores de la judicatura" de intentar derribar el "autogobierno", en una "alianza estratégica" con el PP, al que responsabilizó de los recursos, aceptados por el Tribunal Superior vasco, de los gobiernos de Castilla y León y La Rioja contra las normas fiscales. El portavoz de la Asociació...

El diputado general de Vizcaya, el peneuvista José Luis Bilbao, cargó ayer de sentido político el último varapalo judicial al intento de las haciendas forales de sortear el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 sobre el Impuesto de Sociedades. En unas duras declaraciones, acusó a "ciertos sectores de la judicatura" de intentar derribar el "autogobierno", en una "alianza estratégica" con el PP, al que responsabilizó de los recursos, aceptados por el Tribunal Superior vasco, de los gobiernos de Castilla y León y La Rioja contra las normas fiscales. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, consideró muy grave que Bilbao acuse al Superior de "prevaricar" .

La suspensión cautelar por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior del nuevo tipo general del Impuesto de Sociedades (el 32,6%) era previsible, al variar sólo una décima con respecto al 32,5%, anulado en diciembre de 2004 por el Supremo y un año más tarde por el propio Superior tras haberlo repetido las diputaciones. La eficacia de la decisión judicial es relativa, ya que las tres diputaciones aprobaron intencionadamente sus nuevas normas forales fiscales el pasado 30 de diciembre, último día hábil de 2005, para neutralizar los recursos anunciados por los gobiernos de las comunidades limítrofes. De esta forma, aunque dichas normas sean anuladas finalmente, el tipo del 32,6% será el aplicable a los beneficios de las empresas vascas en el ejercicio de 2005, que se liquida en julio.

Pese a estos antecedentes, el diputado general de Vizcaya reaccionó ayer con inusitada acritud. Tras participar en un acto conmemorativo del 25º aniversario de la aprobación de la Ley del Concierto Económico, Bilbao arremetió contra la supuesta "alianza estratégica" que mantendría el PP con "ciertos sectores de la judicatura", a los que no identificó, pese al motivo inmediato de sus palabras, para actuar contra el autogobierno de Euskadi. El político peneuvista reprochó a los populares actuar con una "doble cara", achacándoles que aprueben en Euskadi las normas fiscales y las impugnen después desde las instituciones de La Rioja y Castilla y León, gobernadas por el PP.

El "brazo ejecutor"

Sin embargo, Bilbao se mostró mucho más duro con esos "ciertos sectores de la judicatura". Según el diputado general, son el "brazo ejecutor de las políticas de derribo del autogobierno vasco", que no sólo limitó a las resoluciones contra algunos aspectos del Impuesto de Sociedades que chocan con la normativa de régimen común, sino que extendió a otras sentencias. Contrapuso la legitimidad de los tribunales con la de las Juntas Generales de Vizcaya, al subrayar que éstas aprobaron la norma suspendida por "práctica unanimidad".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, mayoritaria en la carrera judicial y conservadora), Antonio García, consideró que el diputado general ha acusado con sus manifestaciones a la Sala de lo Contencioso del Superior de incurrir en un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). García, que es magistrado del propio alto tribunal vasco, destacó la "extraordinaria gravedad" de esa imputación y pidió a Bilbao que aclare sus manifestaciones, que son "una auténtica desmesura".

El portavoz de la asociación judicial resaltó que un dirigente institucional está obligado a "respetar las resoluciones judiciales" y que, si bien se puede discrepar de ellas, las críticas deben hacerse dentro de unas coordenadas "razonables".

El portavoz parlamentario del PP vasco, Leopoldo Barreda, rechazó las imputaciones de Bilbao y endosó la responsabilidad del varapalo judicial a las diputaciones de Vizcaya y Guipuzcoa, que pujaron por mantener e incluso reducir al 32% el tipo impositivo. La de Álava propuso, por contra, elevarlo al 33% para no dar la sensación de que se desafiaba a los tribunales y evitar un nuevo fallo adverso. "Todos sabíamos que iba a ocurrir", señaló Barreda.

El diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri se manifestó de forma coincidente con su colega y correligionario vizcaíno, aunque en tono mucho más suave. Txabarri aseguró que hay "determinados segmentos judiciales empeñados en poner lastre al desarrollo económico y social de los territorios vascos y de los ciudadanos que viven en ellos", y apuntó que tras los fallos judiciales "están siempre las siglas del PP", informa Yolanda Montero.

La Diputación de Álava anunció que recurrirá en súplica la sentencia e instó a que se "desbloqueen" las iniciativas para reforzar la protección de las normas forales tributarias. El Gobierno vasco difundió un breve comunicado oficial en el que insta a todas las instituciones y poderes públicos a reconocer el Concierto como un "régimen fiscal de aplicación inversal".