Las competencias de Andalucía

Resulta normal, y hasta previsible, que los representantes políticos hegemónicos de Andalucía defiendan el máximo de competencias y, por tanto, de poder para las instituciones de autogobierno andaluzas. En ese sentido, el ex ministro Pimentel se apunta en su artículo La no discriminación, ésa es la cuestión a dicha corriente, y casi está a punto de pedir la independencia, puesto a emular a los políticos.

En el artículo citado, como sucedía con otros dos trabajos publicados el domingo 30 de abril en EL PAÍS, se deja de lado lo que podría ser una argumentación mucho más potente que...

Resulta normal, y hasta previsible, que los representantes políticos hegemónicos de Andalucía defiendan el máximo de competencias y, por tanto, de poder para las instituciones de autogobierno andaluzas. En ese sentido, el ex ministro Pimentel se apunta en su artículo La no discriminación, ésa es la cuestión a dicha corriente, y casi está a punto de pedir la independencia, puesto a emular a los políticos.

En el artículo citado, como sucedía con otros dos trabajos publicados el domingo 30 de abril en EL PAÍS, se deja de lado lo que podría ser una argumentación mucho más potente que la simple carrera por no quedarse atrás en materia de competencias. Y es que lo que debería debatirse es si la nueva reestructuración de competencias, desde los órganos de la Administración central hasta los de la Junta de Andalucía, va a producir o no una mayor eficiencia en el ejercicio de tales nuevas competencias y, por tanto, si va a dar lugar o no a una mejoría en las condiciones de vida de los andaluces.

No es cierto que toda descentralización sea buena per se. Hay ejemplos de competencias transferidas respecto de las cuales poco se sabe acerca de la calidad de la gestión. No resulta necesariamente positivo para Andalucía un debilitamiento del Estado como el que puede provocar la generalización a todas las autonomías del modelo competencial recogido en el Estatuto catalán.