El alcalde de Orihuela pagó el Audi que usaba tras intervenir el fiscal
El vehículo pertenecía a un promotor beneficiado por adjudicaciones
El alcalde de Orihuela (Alicante), José Manuel Medina, del PP, pagó en metálico un Audi A-8 a un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos Ferrer, beneficiado con adjudicaciones municipales, inmediatamente después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante iniciara las diligencias de investigación por supuestos hechos delictivos derivados de la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano.
El fiscal inició la investigación el 15 de septiembre de 2005 y Medina abonó 22. 000 euros por la adquisición del lujoso turismo el 17 de octubre de ese año. El alcalde di...
El alcalde de Orihuela (Alicante), José Manuel Medina, del PP, pagó en metálico un Audi A-8 a un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos Ferrer, beneficiado con adjudicaciones municipales, inmediatamente después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante iniciara las diligencias de investigación por supuestos hechos delictivos derivados de la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano.
El fiscal inició la investigación el 15 de septiembre de 2005 y Medina abonó 22. 000 euros por la adquisición del lujoso turismo el 17 de octubre de ese año. El alcalde disponía del vehículo desde el 11 de enero de 2005. En esa fecha, Medina entregó un coche siniestrado para el desguace (otro Audi según Medina) que el concesionario valoró en 18.000 euros. El concesionario Automoción Oleza, SA, valoró el turismo que se llevó el alcalde, un Audi A-8, 3.7 V8 Quatt, matrícula 7135 CCW, en 40.0000 euros.
La documentación (facturas sobre la operación de compra del turismo) se incluye en el escrito de ampliación de denuncia que ayer trasladó a Felipe Briones, fiscal Anticorrupción de Alicante, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño. Éste ejerce la acusación popular, ya admitida a trámite por el juzgado, en la denuncia general del ministerio público por supuesta corrupción en Orihuela. Tanto el alcalde como el propietario del concesionario esgrimen la misma documentación para rechazar la acusación y constatar que la operación de compra del Audi A-8 fue anterior a la investigación de la Fiscalía.
El concesionario Automoción Oleza, SA, es propiedad del constructor Francisco Marcos Ferrer. El pleno del Ayuntamiento de Orihuela autorizó el pasado mes de octubre al promotor la construcción de un gran centro comercial en la costa del municipio. El proyectó acarreó la recalificación de unos 250.000 metros cuadrados de suelo. El alcalde justificó la iniciativa en la ausencia de grandes centros comerciales de esas características en la costa oriolana. La oposición rechazó ese argumento, ya que las grandes superficies instaladas en franja costera del municipio superan el centenar.
La adjudicación de ese programa urbanístico, denominado Entreplayas, y el uso del Audi A-8 por parte de Medina están incluidos en la causa principal de Anticorrupción contra el alcalde por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, a raíz del uso por parte del primer edil de bienes propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales. Esta denuncia se completa con otros bienes -un Rolls Royce y un chalé- que usa Medina y cuya titularidad corresponde al promotor Joaquín Grau Pomares, al que el alcalde recalificó 2 millones de metros cuadrados y un tercer plan de actuación integral (PAI), de unos 800.000 metros cuadrados, al constructor José Antonio Rodríguez Belmonte. Los tres planes han conllevado la recalificación de suelo, a juicio del fiscal, no urbanizable y con "elevado grado de protección". Por la causa principal, el fiscal ha solicitado a la juez que cite a declarar, en calidad de imputado, a Medina.
Causas secundarias
El fiscal ha abierto otras 15 causas secundarias, consecuencia del desglose de la principal, por otros tantos hechos delictivos en la gestión urbanística y contable del Consistorio. Estas denuncias, pendientes del reparto por el Decanato de Orihuela, abarcan asuntos como pagos de facturas falsas, irregularidades en el proyecto de restauración del casco histórico y adjudicaciones urbanísticas ilegales, con suelo sin justificar o calles inexistentes.
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