La acusación denuncia un abono de 300.000 euros por obras sin justificar

La acusación popular en el caso Orihuela, que ejerce el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco García Ortuño, trasladó ayer al fiscal Anticorrupción de Alicante un escrito con supuestas irregularidades en el proyecto para la recuperación del casco histórico de la ciudad. Esta parte denuncia un mandamiento de pago por 300.506 euros no justificado y que el director del proyecto, José Vicente Escudero, en calidad de asesor del alcalde, compaginó el cargo con su actividad privada, sin tener concedida la compatibilidad.

El pago fue aprobado por la comisión de gobierno de 1...

La acusación popular en el caso Orihuela, que ejerce el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco García Ortuño, trasladó ayer al fiscal Anticorrupción de Alicante un escrito con supuestas irregularidades en el proyecto para la recuperación del casco histórico de la ciudad. Esta parte denuncia un mandamiento de pago por 300.506 euros no justificado y que el director del proyecto, José Vicente Escudero, en calidad de asesor del alcalde, compaginó el cargo con su actividad privada, sin tener concedida la compatibilidad.

El pago fue aprobado por la comisión de gobierno de 15 de abril de 1997. Su destino eran gastos relativos con los compromisos con los propietarios de los inmuebles comprendidos en el proyecto de rehabilitación. La acusación sostiene que "no se han adjuntado los justificantes de pagos realizados, la valoración de inversiones, las escrituras de transmisión, ni los talones a nombre del propio mandatario, y ni tan siquiera se ha rendido cuenta del mismo ante dicho órgano municipal, como es preceptivo". El alcalde, José Manuel Medina (PP), titular del mandamiento, dice que el documento está justificado. La denuncia de Francisco García Ortuño recoge que José Vicente Escudero, por decreto del alcalde, fue contratado el 2 de abril de 1997 como asesor de los servicios jurídicos. Luego fue nombrado director de la Oficina del Casco Histórico y asesor de infracciones urbanísticas.

Sin incompatibilidad

El denunciante asegura que Escudero "jamás" obtuvo la compatibilidad que marca la ley. El abogado es propietario de la mercantil Lo Galante Inversiones, SL. Esta firma se constituyó en enero de 2002 con un capital sociedad de 36.000 euros y declaró en el año 2003 un total activo de 176.867 euros.

Escudero, por su parte, negó ayer las acusaciones formuladas por el grupo socialista: "El mandamiento de pago, expedido para el alcalde, está justificado hasta la última peseta. Mi contratación como asesor en el Ayuntamiento de Orihuela fue a tiempo parcial, al 80%, y, por tanto, compatible como mi actividad privada. Nunca lleve ningún asunto particular relacionado con el casco histórico de la ciudad. La sociedad a la que alude es mi despacho profesional, que está legalmente establecido".