El TSJA confirma la condena contra Carlos Fernández por malversación
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena a dos años de prisión y tres de inhabilitación para cargo público o funcionarial contra Carlos Fernández, ex concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Marbella. Fernández había sido condenado en diciembre de 2005 en primera instancia por un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal del Jurado de la Audiencia provincial de Málaga consideró entonces que el ex edil se había apropiado de parte de unas subvenciones municipales destinadas a pagar los salarios de los jugadores del equipo de fútbo...
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena a dos años de prisión y tres de inhabilitación para cargo público o funcionarial contra Carlos Fernández, ex concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Marbella. Fernández había sido condenado en diciembre de 2005 en primera instancia por un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal del Jurado de la Audiencia provincial de Málaga consideró entonces que el ex edil se había apropiado de parte de unas subvenciones municipales destinadas a pagar los salarios de los jugadores del equipo de fútbol Unión Deportiva San Pedro, del que era presidente en la temporada 1997-1998.
En su sentencia, el máximo órgano judicial andaluz desestima los recursos presentados por las defensas de Fernández y del empleado municipal Antonio de Sola, condenado a la misma pena que el ex edil andalucista marbellí. Estos escritos de recurso fueron impugnados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que ejercía el Ayuntamiento, presidido en aquel momento por Marisol Yagüe, ahora en prisión. En su momento, la Audiencia de Málaga consideró probado que los dos condenados, "de común acuerdo y con la finalidad de apoderarse de parte de las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento marbellí al club", hicieron firmar a ocho jugadores contratos en los que se hacían constar cantidades superiores a las que realmente recibirían, así como recibos por cantidades no satisfechas, "quedándose con la diferencia".
Fernández recurrirá ante el Tribunal Supremo el auto del TSJA. Ante la máxima instancia judicial sus argumentos serán distintos porque, según él, tras la disolución del Ayuntamiento no habrá "presión" a los testigos ni la supuesta "compra de voluntades" que afirma practicaron los anteriores responsables municipales.