Reportaje:La ley de barrios, un año después | Barcelona, Manresa, Terrassa y Manlleu/ 3

Barcelona avanza, Terrassa y Manresa no tanto

Los dos barrios de la capital llevan un ritmo inversor más intenso que el de las localidades

En la primera convocatoria de la Ley de Barrios, Barcelona consiguió colocar dos proyectos de rehabilitación. El de Santa Caterina-Sant Pere, en el Casc Antic de la ciudad, y el de Roquetes, en el distrito de Nou Barris. Ambos proyectos disponen de un presupuesto de 25,6 millones de euros, que aportan a medias el Departamento de Política Territorial y el Ayuntamiento. El consistorio no ha sido rácano en la inversión de este dinero: durante 2005 ha gastado 4,2 millones, lo que supone el 16%. Barcelona tiene, no obstante, un ventaja sobre otras poblaciones: puede invertir y sus arcas se resiente...

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En la primera convocatoria de la Ley de Barrios, Barcelona consiguió colocar dos proyectos de rehabilitación. El de Santa Caterina-Sant Pere, en el Casc Antic de la ciudad, y el de Roquetes, en el distrito de Nou Barris. Ambos proyectos disponen de un presupuesto de 25,6 millones de euros, que aportan a medias el Departamento de Política Territorial y el Ayuntamiento. El consistorio no ha sido rácano en la inversión de este dinero: durante 2005 ha gastado 4,2 millones, lo que supone el 16%. Barcelona tiene, no obstante, un ventaja sobre otras poblaciones: puede invertir y sus arcas se resienten menos de la espera hasta que recibe el ingreso del Gobierno catalán.

En el caso de Santa Caterina, el proyecto trata de culminar una reforma que dura ya más de una década. En este barrio, donde viven unas 15.000 personas, las viviendas son viejas y escasean los equipamientos y las zonas verdes. El año pasado, el Ayuntamiento ejecutó varios proyectos: arregló "microespacios ajardinados" en algunos "rincones del barrio", lanzó campañas para impulsar el comercio y compró suelo para futuros servicios públicos. Entre los logros del pasado ejercicio se cuenta el conjunto de equipamientos Pou de la Figuera, que no obstante se ejecutará también durante 2006.

En el barrio antiguo de Manresa viven personas mayores e inmigrantes extracomunitarios
El proyecto de Santa Caterina trata de culminar una reforma que se inició hace una década

De los 14,6 millones de presupuesto destinados a Santa Caterina, se han gastado por ahora 2,9 (19%). Frente a las escasas actuaciones impulsadas en 2005, el Ayuntamiento ha multiplicado las previsiones para este año. Se llevarán a cabo 10 proyectos. Entre ellos, la puesta en marcha de un espacio multifuncional en el edificio La Penya y la fase final del centro cívico del convento de Sant Agustí.

Menos dinero se ha invertido en Roquetes, una zona muy poblada (11.000 habitantes) cercana a la ladera de Collserola. El déficit de este barrio está sobre todo en su parque de viviendas, víctima de un urbanismo sin control. El proyecto mejorará el espacio público y dotará al barrio de equipamientos. Hasta la fecha se han efectuado las siguientes actuaciones: la creación del centro de atención Ton i Guida, el impulso del Ateneo Popular y el Parque Pla de Fornells, y la urbanización de las calles de la Artesania y de Llovera.

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En Roquetes se han invertido por ahora 1,3 millones, lo que supone el 11% del presupuesto destinado al barrio: 11 millones de euros. La lista de proyectos para 2006 es, como en el caso de Santa Caterina, mucho más extensa. Hay 22 actuaciones previstas. Entre las de mayor envergadura se cuentan la creación de un parque urbano y la rehabilitación de edificios para adaptarlos a las exigencias medioambientales: eficiencia energética, instalación de placas solares, ahorro de consumo. También se pondrá especial énfasis en mejorar la movilidad y suprimir las barreras arquitectónicas. Según las previsiones del Ayuntamiento, en 2006 se gastarán otros 5,4 millones en Nou Barris.

En Manresa, la inversión que se ha llevado a cabo del plan de barrios se encuentra en estos momentos en el 7% del presupuesto previsto, aunque se han iniciado el 30% de las iniciativas programadas. Los 16,6 millones de euros del plan de barrios que recaen en la ciudad de Manresa tienen como finalidad actuar en la mejora urbanística y social de los sectores de Escodines, Vic-Remei y Barri Antic, la parte más degrada en lo que respecta a las viviendas y donde se han acumulado los principales retos sociales de la ciudad: en ellos viven un alto porcentaje de gente mayor y el grueso de la inmigración extracomunitaria, en unas edificaciones que a menudo no reúnen condiciones.

El plan, en el caso de Manresa, es ejecutivo desde hace siete meses, cuando se firmó el acuerdo definitivo entre el consistorio y el Departamento de Política Territorial, con lo que el Ayuntamiento justifica el nivel de inversión alcanzado hasta la fecha. El programa se debe ejecutar en su totalidad antes de 2008.

Desde el pasado día 31 de enero, el plan cuenta en Manresa con una herramienta de control: una comisión de seguimiento integrada por técnicos municipales y de la Generalitat, responsables políticos de todas las formaciones con representación municipal, las asociaciones de vecinos de los barrios incluidos en la reforma y entidades como Cruz Roja, Cáritas, la Cámara de la Propiedad y el Colegio de Arquitectos. Esta comisión se va a reunir cada seis meses para evaluar el nivel de ejecución del programa, en el que participan a partes iguales el Ayuntamiento y la Generalitat.

El Gobierno catalán tiene la intención de ampliar el apoyo a estos barrios incluidos en su plan de ayuda. En el caso de Manresa, se prevé que el Departamento de Salud lleve a cabo un plan para mejorar el nivel asistencial en la zona y la salubridad, y que Relaciones Institucionales se involucre en programas para fomentar la participación ciudadana, Trabajo en programas específicos de formación ocupacional y Medio Ambiente y Vivienda en líneas de acceso a pisos.

En Terrassa, las expectativas eran altas. Hace un año, el presidente de la Asociación de Comerciantes del barrio de Ca n'Anglada, Antonio Sánchez, esperaba que, con los 8,5 millones de euros de la Ley de Fomento de Barrios de la Generalitat, llegase "la revolución", "que venga gente joven y que la que hay no se marche", decía . Doce meses después del anuncio, el Ayuntamiento ha recibido de la Generalitat de Catalunya 132.194 euros, debido a que las certificaciones de obras, y por tanto los pagos, se hacen dos veces al año: octubre y mayo. Para cobrar hay que justificar que se ha realizado la obra. El Ayuntamiento asegura que la cifra corresponde a lo que se hizo hasta el pasado 15 de octubre y que desde entonces se han realizado otros proyectos por los que aún tiene que pasar la "factura", de modo que la cifra es, en parte, engañosa.

¿Qué se ha hecho hasta ahora? Según el consistorio, se ha organizado el equipo técnico, se ha elaborado un calendario y se ha dado a conocer el plan de barrios. La primera fase de la avenida de Barcelona ha llegado a su fin -la reconversión de esta arteria, con mucho tráfico, en rambla ya estaba en marcha cuando se anunció el plan de barrios- y se han licitado los proyectos de obras de calles y puentes que tienen que llevarse a cabo entre 2006 y el 2007. El Mercadal, el mercadillo histórico de la ciudad, se ha trasladado a Ca n'Anglada, se ha puesto en marcha el Banco del Tiempo -consistente en que la gente intercambia habilidades, por ejemplo, clases de cocina por lecciones de piano- y han empezado a actuar los equipos técnicos que tienen como objetivo potenciar el civismo y el tejido asociativo, y evitar las situaciones conflictivas. El reto es facilitar la convivencia con mediadores sociales, formación, voluntariado y proyectos, por ejemplo, sobre la historia del barrio. Por otra parte, se han realizado y programado un sinfín de actividades culturales. Otros deberes hechos son un informe de juventud sobre el barrio y un local para los jóvenes.

La ayuda de la Generalitat es un balón de oxígeno para un barrio al que desde hacía tiempo no se asomaban las grúas, que tiene el 24% de población extranjera y al que no le gusta recordar que en 1999 le estalló en las manos un polvorín de disturbios racistas. Con un proyecto cuyo coste el consistorio egarense calcula en 20 millones de euros, cuatro barrios -Ca n'Anglada, Montserrat, Torressana y Vilardell- esperan resolver los problemas de convivencia y los urbanísticos generados por los bloques de pisos, levantados a toda prisa, con poco espacio para respirar y muchas patologías, y las viviendas construidas por los propios inmigrantes que llegaron a finales de la década de 1950.

Han colaborado en esta información Gerard Bagué, Gloria Ayuso, Cristina Perales, Lluís Visa, Enric Badia, Eva Clota, Oriol Aymí y Sílvia Marimon.

Manlleu: un centro cívico y trabajo que no se ve

El primer año de aplicación de la Ley de Barrios ha dejado en Manlleu un centro cívico que está por inaugurar y mucho trabajo del que no se ve. Éste es el balance que hace el edil de Urbanismo, Josep Colomer, de las actuaciones hasta ahora emprendidas en el marco de esta normativa, que destina 17 millones de euros a la rehabilitación del barrio del Erm, el más poblado y también el más degradado de la localidad. La inclusión de Manlleu en la primera convocatoria de la ley fue un proceso muy rápido, se tenía mucha información y la urgencia de actuar era clara, pero no había nada planificado, reconoce Colomer. Por eso todos los esfuerzos se han dirigido a la creación del Instituto de Desarrollo del Erm, organismo encargado de coordinar las actuaciones.

"En algunos proyectos es cuestión de 15 días, uno o dos meses y estará todo listo para empezar, por lo tanto 2006 será el año de ejecución de muchas de las iniciativas", explica el responsable de Urbanismo. Es el caso de las obras del colector de la calle del Montseny y parte del paseo de Sant Joan, y de los estudios sobre la reforma del mercado municipal y de la escuela Puig-Agut, ahora sólo pendientes de una decisión que se quiere tomar con la participación de los comerciantes, vecinos y usuarios implicados.

Para la actuación más esperada de esta reforma, el derribo de los pisos de Can Garcia, aún se necesitará paciencia. Los seis bloques de 256 pisos son el principal foco de degradación del barrio. En ellos viven en pésimas condiciones unas 220 familias, la mayoría inmigrantes, y además existen viviendas con okupas y pisos patera. Para llegar al punto actual, el Ayuntamiento y la Generalitat han aportado 2,5 millones de euros.

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