El ex ministro resalta que no hay ninguna responsabilidad legal
El ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Eduardo Zaplana difundió ayer un comunicado en el que resalta que el informe del Tribunal de Cuentas "descarta la existencia de responsabilidades legales de cualquier naturaleza" en los responsables del departamento durante la etapa a que se refiere el tribunal. Recuerda que esto es así frente a lo que se apuntó inicialmente, cuando trascendió el contenido del proyecto de informe.
El ex ministro añade, pese a la reprobación que le hace el Tribunal de Cuentas, que tampoco se hace en el informe valoración alguna referente a la existencia de "us...
El ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Eduardo Zaplana difundió ayer un comunicado en el que resalta que el informe del Tribunal de Cuentas "descarta la existencia de responsabilidades legales de cualquier naturaleza" en los responsables del departamento durante la etapa a que se refiere el tribunal. Recuerda que esto es así frente a lo que se apuntó inicialmente, cuando trascendió el contenido del proyecto de informe.
El ex ministro añade, pese a la reprobación que le hace el Tribunal de Cuentas, que tampoco se hace en el informe valoración alguna referente a la existencia de "uso partidista de la publicidad", "desviación de poder", "malversación de fondos" o "falta de neutralidad política", que, recuerda, eran las imputaciones más graves que se le habían venido haciendo acerca de aquellas campañas.
En consecuencia, resalta el comunicado del actual portavoz parlamentario del Partido Popular, no se solicita la remisión de actuación alguna al ministerio fiscal.
El ex ministro añade: "La definitiva aprobación por el pleno del Tribunal de Cuentas de este informe desmiente a cuantos hasta ahora habían realizado contra mi persona acusaciones de corrupción o actuaciones delictivas, y da en cambio la razón al criterio que siempre habíamos sostenido: la contratación de publicidad por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ajustó a la ley, como prueba el hecho de que se realizase siempre con el informe favorable de los Servicios Jurídicos del ministerio y de la Intervención General del Estado".