Los ecologistas piden paralizar unas obras en la costa de La Vila

El grupo ecologista Xoriguer presentó ayer un conjunto de actuaciones que emprenderá para conseguir que se paralice la construcción de una urbanización -siete bungalós- que invade la franja de protección pública marítimo terrestre, en la cala del Bol Nou, al sur de la costa de La Vila Joiosa.

El Ministerio de Medio Ambiente solicitó al Ayuntamiento y al Consell que suspendieran la licencia de obras en el ámbito afectado por el deslinde, pero el Ayuntamiento ha hecho "caso omiso" de esta petición. En el plazo de medio año, según los ecologistas, el ministerio podría resolver el expedient...

El grupo ecologista Xoriguer presentó ayer un conjunto de actuaciones que emprenderá para conseguir que se paralice la construcción de una urbanización -siete bungalós- que invade la franja de protección pública marítimo terrestre, en la cala del Bol Nou, al sur de la costa de La Vila Joiosa.

El Ministerio de Medio Ambiente solicitó al Ayuntamiento y al Consell que suspendieran la licencia de obras en el ámbito afectado por el deslinde, pero el Ayuntamiento ha hecho "caso omiso" de esta petición. En el plazo de medio año, según los ecologistas, el ministerio podría resolver el expediente, e incluir la demolición de las obras. También acordaron enviar al consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, información sobre la gestión de la Generalitat en zona de servidumbre y protección de costas. El Xoriguer considera que con la documentación recabada hasta el momento queda "demostrada claramente la ilegalidad bajo la que se están realizando las obras". Ante esta situación anuncia que presentará toda esta documentación ante los tribunales y critica la "actuación obstructiva" del Ayuntamiento que no está facilitando toda la información necesaria.

Por otro lado, el Consistorio de La Vila, gobernado por el PP, acumuló ayer otro revés en materia urbanística. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el acuerdo del pleno del 7 de noviembre de 2002, según el cual el Ayutanmiento se atribuyó la condición de de Agente Urbanizador de un PAI y redactó de oficio el proyecto de reparcelación. Una de las firmas que pugnaba por el programa urbanístico recurrió al TSJ, que le ha dado la razón y declara ilegal el acuerdo del pleno.