El juez tiene pruebas manuscritas de los negocios sucios del 'cerebro' de Marbella
La investigación policial localiza propiedades de la red delictiva en 14 municipios
El juez Miguel Ángel Torres, que investiga la trama de corrupción en el gobierno municipal de Marbella, tiene en su poder órdenes manuscritas de Juan Antonio Roca, asesor municipal al que considera cerebro de la red delictiva, en las que emplaza a sus seis principales testaferros a crear sociedades instrumentales o a vender y comprar propiedades y bienes adquiridos con el dinero conseguido del cobro ilegal de comisiones por favorecer proyectos urbanísticos.
Los documentos prueban cómo Roca centraba su actividad económica particular en 17 empresas, con las que había adquirido vast...
El juez Miguel Ángel Torres, que investiga la trama de corrupción en el gobierno municipal de Marbella, tiene en su poder órdenes manuscritas de Juan Antonio Roca, asesor municipal al que considera cerebro de la red delictiva, en las que emplaza a sus seis principales testaferros a crear sociedades instrumentales o a vender y comprar propiedades y bienes adquiridos con el dinero conseguido del cobro ilegal de comisiones por favorecer proyectos urbanísticos.
Los documentos prueban cómo Roca centraba su actividad económica particular en 17 empresas, con las que había adquirido vastas propiedades en 14 municipios, la mayoría de las cuales estaban a nombre de empresas cuyos órganos directivos copan abogados del bufete Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor. La finca donde Roca se alojaba en Los Alcázares (Murcia) está a nombre de dicho gabinete.
La operación que desarticuló la trama de corrupción organizada en torno al gobierno local de Marbella estuvo dirigida por 10 agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, a los que sorprendió la magnitud del entramado económico levantado por Roca. El valor de lo que vieron era incalculable, y, tal y como confiesan, todavía no se conoce "ni la mitad" de lo acumulado por la trama.
El juez ha dado orden a varios registros de la propiedad de que impidan la enajenación de los bienes que estén a nombre de 17 empresas y siete particulares vinculados a la trama. Se trata de los registros de Murcia, Cartagena, San Javier, La Unión, Mazarrón (todos de la comunidad murciana), La Palma del Condado (Huelva), Madrid, Marbella, Sevilla, San Roque (Cádiz), Felanitx (Baleares), Almendralejo (Badajoz), Vendrell (Tarragona) y Medina del Campo (Valladolid) .