El Gobierno emprende la campaña de difusión y propaganda del nuevo Estatuto

Cuando las Cortes no han finalizado todavía la tramitacìón de la reforma del Estatuto de Autonomía, el Gobierno de la Generalitat emprende ya la campaña de difusión y propaganda de su contenido. El tripartito presidido por Pasqual Maragall cuenta con que el Senado apruebe el nuevo Estatuto, de forma que el 18 de junio pueda ser sometido al referéndum de los electores catalanes. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, sostiene que Cataluña alcanza con este Estatuto el más alto nivel de autogobierno, "superior al de los estatutos de 1932 y 1979".

A las 24 horas de que el p...

Cuando las Cortes no han finalizado todavía la tramitacìón de la reforma del Estatuto de Autonomía, el Gobierno de la Generalitat emprende ya la campaña de difusión y propaganda de su contenido. El tripartito presidido por Pasqual Maragall cuenta con que el Senado apruebe el nuevo Estatuto, de forma que el 18 de junio pueda ser sometido al referéndum de los electores catalanes. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, sostiene que Cataluña alcanza con este Estatuto el más alto nivel de autogobierno, "superior al de los estatutos de 1932 y 1979".

A las 24 horas de que el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, cifrara en el 64% el número de artículos del proyecto de Estatuto "recortados" por el Congreso de los Diputados, el consejero Saura aseguró que "ni quienes votaron no al proyecto en el Congreso niegan que represente un gran salto hacia adelante respecto al vigente Estatuto de 1979".

La cuestión está en si la comparación se establece con el Estatuto de 1979 o con la propuesta aprobada por el Parlament el 30 de septiembre. Esta última es la que hacen Ridao y ERC, que adoptan la posición de quien ve la botella medio vacía. El criterio de Saura, y de la mayoría del Gobierno catalán, es el otro. El consejero de Relaciones Institucionales Saura presentó ayer un informe comparativo del nuevo Estatuto con el vigente, realizado por el Gobierno catalán. El resultado es a su juicio enormemente positivo. Y ésta es a su juicio la comparación que cuenta.

El proyecto, pendiente sólo ya de la aprobación del Senado, consta de 223 artículos y 20 disposiciones. La comparación de estas cifras con los 58 artículos y 15 disposiciones del Estatuto de 1979 ya indica que el nuevo contiene muchas más cosas. Entre las que Saura destacó ayer al presentar el estudio comparativo se cuentan los 33 artículos del Título I, que establece una lista de derechos, deberes y principios rectores de la acción de gobierno que constituye una novedad absoluta.

En esta lista figuran derechos cívicos, sociales, económicos y culturales distintos a los fundamentales garantizados por la Constitución (derecho a la vida, la libertad, de expresión, de asociación, de reunión, etcétera). Hay 21 artículos dedicados a derechos de las mujeres, los menores, las personas mayores, el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte, la educación, el ámbito laboral, el medio ambiente y los derechos lingüísticos. Hay también 14 artículos dedicados a establecer principios rectores en el ámbito social, que incluyen entre otras cuestiones la cohesión y el bienestar social, las perspectivas según los sexos, la vivienda, el fomento de la participación política, el desarrollo sostenible y el equilibrio territorial.

En la comparación con 1979 destacan particularmente la ampliación de las competencias de la Generalitat y el establecimiento de garantías de su contenido frente a interpretacionjes reduccionistas, lo que se ha dado en denominar el blindaje de las competencias.

Tambien destacan los artículos relacionados con el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, que por vez primera incluye, en el preámbulo, la definición de Cataluña realizada en su día por el Parlament y la equiparación de la oficialidad del catalán con la del castellano, que no figuraba en el Estatuto de 1979.

En el apartado de la financiación destacan la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, el aumento de los porcentajes que corresponderán a la Generalitat en los impuestos estatales y la garantía del aumento de las inversiones del Estado en infraestructuras.