Cárcel para los inductores a la trampa

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica contra el Dopaje, que corrige sustancialmente la legislación vigente desde hace 15 años. Los puntos principales son la modificación del Código Penal, por lo que los inductores de las prácticas ilegales se arriesgan a penas de cárcel y los deportistas a inhabilitaciones de entre dos y cinco años; la agilización de los trámites burocráticos sancionadores, los análisis de sangre en plena competición o el control de los botiquines de los médicos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el...

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica contra el Dopaje, que corrige sustancialmente la legislación vigente desde hace 15 años. Los puntos principales son la modificación del Código Penal, por lo que los inductores de las prácticas ilegales se arriesgan a penas de cárcel y los deportistas a inhabilitaciones de entre dos y cinco años; la agilización de los trámites burocráticos sancionadores, los análisis de sangre en plena competición o el control de los botiquines de los médicos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el proyecto pretende "actualizar los mecanismos de control y represión en el deporte profesional". La ley todavía debe ser aprobada por el Parlamento.

El proyecto, producto de más de un año de reuniones con deportistas y especialistas en la materia, sustancia el Plan de Acción Integral contra el Dopaje, aprobado el 11 de febrero de 2005. Aquel borrador incluía 59 medidas concretas, que abarcaban los ámbitos de la prevención, el control y la sanción. La conversión de esos puntos, especialmente los más novedosos, en el articulado de una ley precisa "el cambio del ordena

miento jurídico español y el consenso internacional". La ley afecta a cuatro ministerios: Educación, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior.

Cecilia Rodríguez, subdirectora general de Deporte, subrayó que la aplicación del nuevo texto supone "una actuación más severa". Una dureza reclamada por "la creciente preocupación ciudadana ante la amenaza social del dopaje", según el acuerdo del Consejo de Ministros. También pretende preservar "la pureza de la competición" y a "colocar a España entre los países que lideran la lucha contra las prácticas ilegales".

Las principales novedades con respecto al reglamento vigente desde hace tres lustros son las siguientes:

- "Modificación de la Ley del Deporte en lo referente a la normativa sobre dopaje vigente en España durante los últimos 15 años. En ese tiempo esta amenaza social, sanitaria y deportiva ha experimentado un cambio inquietante y vertiginoso, razón por la que el ámbito de aplicación de la Ley afecta tanto al deporte profesional de alta competición como a la práctica deportiva de base, con fines recreativos y saludables".

- "Incorporación en sus Disposiciones finales de la modificación de determinados preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de facilitar la acción de los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado en la represión del dopaje".

- "Modificación de algún precepto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de forma que la tramitación administrativa de los expedientes sancionadores por dopaje se agilice lo más posible sin mermar por ello las garantías de los deportistas afectados".

- "Reforma del Código Penal y fin de la impunidad que ha rodeado hasta ahora al entorno del deportista en las prácticas de dopaje". Se pretende que los inductores al delito, generalmente gente próxima a los deportistas, también paguen las consecuencias, lo que hasta la fecha no ocurría. A su vez, los deportistas serían inhabilitados entre dos y cinco años.

- "Creación de la Agencia Española Antidopaje". Un instrumento para poner en práctica la política de "tolerancia cero" predicada desde el CSD.

- "Creación de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje".

- "Localización y realización de controles por sorpresa fuera de la competición, incorporando una serie de límites horarios y de procedimiento que preservan el derecho al descanso, a la intimidad y a la dignidad de los deportistas profesionales", evitándose así el espectáculo frecuente en el ciclismo de la visita de madrugada de los vampiros. Algunos de esos controles, en plena competición, serán de sangre.

- "Control, inspección y posible decomiso de sustancias prohibidas en botiquines de los equipos médicos que intervienen en las competiciones deportivas".

- "Rebaja de plazos para evitar dilaciones en la resolución de expedientes sancionadores por dopaje e introducción de una fórmula arbitral de resolución de expedientes que desincentive el sistemático recurso a la justicia ordinaria en caso de expedientes sancionadores por haber dado positivo en controles de dopaje".

- "Regulación de las sanciones por venta ilegal de suplementos nutricionales que contengan sustancias prohibidas en el deporte y peligrosas para la salud".

- "Puesta en marcha de la tarjeta sanitaria del deportista y realización de controles de salud a los deportistas españoles de alto nivel".

- "Extracción de muestras sanguíneas en la realización de controles de dopaje".

El gran impulsor, Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, se felicitó de que "por primera vez" la ley traspase el ámbito del deporte profesional y afecte "a todos los ciudadanos". Al respecto, subrayó la preocupación del Gobierno por que "la salud de éstos peligre por la distribución de unos productos que en algunos establecimientos llaman suplementos nutricionales y de los que se desconoce su composición". También destacó la voluntad de que el proyecto congregue "el mayor consenso político posible, pero también el apoyo de la sociedad civil".

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la ley pretende evitar "las trampas" argumentando que "para ganar no vale todo, ni en el deporte ni en la vida". Asimismo, recordó que los deportistas de alto nivel deben suponer "un referente ético" para la sociedad.

El presidente del Consejo General de Médicos, Isacio Siguero, afirmó que la aprobación del proyecto, con el que su organización ha colaborado estrechamente, es "una vieja aspiración" que permitirá "preservar la salud de los deportistas y establecer los controles pertinentes para que no haya ninguna fuga de dopaje".