Repsol recurrirá ante el Tribunal Constitucional de Bolivia el rechazo del 'hábeas corpus'

La Sala Segunda de lo Civil de la Corte Superior de Santa Cruz rechazó ayer el hábeas corpus interpuesto por los abogados de la empresa petrolera Repsol YPF para suspender la persecución "indebida e ilegal" de sus principales ejecutivos, que fueron convocados para declarar en la investigación sobre presunto contrabando de carburantes. Según José Centenaro, uno de los tres fiscales encargados de la investigación, "perdieron el recurso. Se declaró improcedente porque no tenían razón jurídica", y anunció que se proseguirá con la misma y con la convocatoria de otros directivos.

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La Sala Segunda de lo Civil de la Corte Superior de Santa Cruz rechazó ayer el hábeas corpus interpuesto por los abogados de la empresa petrolera Repsol YPF para suspender la persecución "indebida e ilegal" de sus principales ejecutivos, que fueron convocados para declarar en la investigación sobre presunto contrabando de carburantes. Según José Centenaro, uno de los tres fiscales encargados de la investigación, "perdieron el recurso. Se declaró improcedente porque no tenían razón jurídica", y anunció que se proseguirá con la misma y con la convocatoria de otros directivos.

Desde las oficinas centrales de Repsol en Santa Cruz se declaraba que "la empresa acata y acepta el fallo, pero no lo comparte y continuará haciendo uso de todos los recursos e instrumentos necesarios". Asimismo señala que "no comparte el sentido ni los fundamentos de la resolución, la cual impugnará inmediatamente ante el Tribunal Constitucional."

También se explicó que la respuesta al recurso presentado no tuvo en consideración los aspectos referidos a la persecución indebida del representante de Repsol en Bolivia, Julio Gavito, ni del gerente de operaciones de Andina, el argentino Pedro Sánchez.

Dentro de las investigaciones sobre el presunto delito de contrabando de petróleo, entre junio de 2004 y junio de 2005, el juez Zenón Rodríguez ha llamado a declarar a otros dos ejecutivos: Miguel Cerbían, gerente de relaciones externas de Andina y Selenita Céspedes, directora jurídica de la compañía. En la fiscalía se mencionó que tenían previstas más citaciones.

La Aduana de Bolivia ha solicitado también la apertura de una segunda investigación sobre la presunta evasión de impuestos por la importación de una planta de acondicionamiento de gas. La empresa petrolera, deslindó toda responsabilidad en esta nueva investigación.