La Junta mantiene que antes de verano retirará las competencias urbanísticas

Tres meses después de la entrada en vigor de la ley que permite a la Junta retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos con incumplimientos graves y reiterados de la normativa en esta materia, los trámites aún se encuentran en su primera fase, la recopilación de información y la elaboración de un informe que justifique la intervención.

Pese a ello, la Consejería de Obras Públicas insiste en que para el mes de junio estará concluido el procedimiento, que aún requiere tomar audiencia al Ayuntamiento de Marbella, el pronunciamiento favorable del Consejo Consultivo y, por últim...

Tres meses después de la entrada en vigor de la ley que permite a la Junta retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos con incumplimientos graves y reiterados de la normativa en esta materia, los trámites aún se encuentran en su primera fase, la recopilación de información y la elaboración de un informe que justifique la intervención.

Pese a ello, la Consejería de Obras Públicas insiste en que para el mes de junio estará concluido el procedimiento, que aún requiere tomar audiencia al Ayuntamiento de Marbella, el pronunciamiento favorable del Consejo Consultivo y, por último, la autorización del Parlamento Andaluz.

Desde que el actual equipo municipal de Gobierno tomó posesión en agosto de 2003, la Junta ha impugnado en los tribunales 209 licencias municipales de obras por vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), casi tantas como las que sumaron los equipos de Jesús Gil y Julián Muñoz (211) en ocho años. Además, la administración autonómica ha denunciado en varias ocasiones a la alcaldesa por incumplir resoluciones judiciales en materia de urbanismo, ha enviado a la fiscalía más de medio centenar de casos de actuaciones presuntamente delictivas, y ha conminado a la alcaldesa a revocar más de dos centenares de licencias de obras contrarias a la normativa urbanística.

La alcaldesa, Marisol Yagüe, se ha negado reiteradamente a revocar las licencias y no sólo ha dado permiso para ejecutar viviendas con licencias contrarias al PGOU, sino que incluso ha dado licencias de primera ocupación a casas que ya habían sido declaradas ilegales por los tribunales en sentencias.