Opas y manifestaciones
POR SI LOS RECELOS DESPERTADOS en el resto de España por la nueva propuesta de Estatuto catalán fueran escasos y no hubiesen sido además concienzudamente exasperados con una tosca campaña intoxicadora del PP, la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre la eléctrica Endesa-domiciliada en Madrid-que ha presentado esta semana la corporación alemana E.ON -tercera en discordia frente a Gas Natural, con sede social en Barcelona- podría agravar las tensiones entre una buena parte de la sociedad catalana y el principal partido de la oposición. Aunque la conexión entre la reforma est...
POR SI LOS RECELOS DESPERTADOS en el resto de España por la nueva propuesta de Estatuto catalán fueran escasos y no hubiesen sido además concienzudamente exasperados con una tosca campaña intoxicadora del PP, la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre la eléctrica Endesa-domiciliada en Madrid-que ha presentado esta semana la corporación alemana E.ON -tercera en discordia frente a Gas Natural, con sede social en Barcelona- podría agravar las tensiones entre una buena parte de la sociedad catalana y el principal partido de la oposición. Aunque la conexión entre la reforma estatutaria y el mundo de los negocios sea imaginaria, los presidentes autonómicos de Cataluña y de Madrid cometieron en su día la frivolidad de utilizar la OPA para alimentar la bronca política: mientras Pasqual Maragall lanzaba la bravata futbolística de emparejar la suerte victoriosa de ambos proyectos ("ganaremos la OPA, ganaremos el Estatut"), Esperanza Aguirre cometía el significativo lapsus freudiano de considerar "una mala noticia" para Madrid que "una de las grandes empresas españolas " -Endesa- pudiera ser trasladada "fuera del territorio nacional" a causa de su compra por la catalana Gas Natural.
Los dirigentes de ERC sostienen que la manifestación de Barcelona reivindicando el derecho a decidir de Cataluña como nación avaló sus críticas a las enmiendas introducidas en la propuesta estatutaria
Entre tanto, la división producida dentro del bloque de los cuatro partidos firmantes de la propuesta estatutaria por obra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU para enmendar sustancialmente sus contenidos ha recibido el impulso de la manifestación celebrada en Barcelona el sábado de la anterior semana. Convocada por numerosas asociaciones cívicas y culturales bajo un lema soberanista ("Somos una nación y tenemos derecho a decidir"), sólo ERC respondió al llamamiento con la presencia de la plana mayor de su grupo dirigente ( incluidos seis consejeros del Gobierno tripartito de la Generalitat). El éxito de asistencia -superior a las cifras previstas por los organizadores- fue patrimonializado por ERC en propio beneficio partidista: la marcha habría respaldado su rechazo sistemático a las enmiendas incorporadas deslealmente a la propuesta estatutaria inicial con el fin de de ejecutar el pacto suscrito entre el presidente Zapatero y Artur Mas.
La confianza de los grupos minoritarios en las virtudes taumatúrgicas de las protestas sociales para derogar decisiones acordadas por las mayorías parlamentarias es una consecuencia residual -común a la derecha y la izquierda- de la tendencia a negar la autenticidad de las instituciones representativas como vehículos de la voluntad popular. No sólo ERC invoca la manifestación de Barcelona para legitimar su oposición a las modificaciones de la propuesta estatutaria; también el PP recurre a las movilizaciones callejeras (contra la estrategia antiterrorista del Gobierno, el matrimonio homosexual o la devolución a la Generalitat de los papeles sustraídos durante la Guerra Civil depositados en el Archivo de Salamanca) y la recogidas de firmas (contra el Estatuto de Cataluña) con el fin de vaciar los contenidos de la democracia representativa.
Hasta que las Cortes concluyan su labor no resultará posible comparar de manera segura las diferencias entre la propuesta estatutaria aprobada por el Parlamento catalán y la versión revisada defintiva sometida luego a referéndum. En cualquier caso, las modificaciones aceptadas hasta ahora por la ponencia de la Comisión Constitucional han corregido los aspectos inconstitucionales del proyecto inicial. Sin embargo, el PP niega las evidencias y continúa repitiendo -como si nada hubiera ocurrido- sus agoreras predicciones sobre la imposibilidad político-metafísica de que la propuesta estatutaria sea susceptible de una revisión razonable. En el otro extremo, ERC, marginada del entendimiento bilateral entre PSOE y CiU, ha pasado bruscamente de la euforia otoñal a la depresión inverniza; si continuara boicoteando la tramitación parlamentaria del proyecto y recomendase la abstención o el voto negativo en el referéndum, su continuidad en el Gobierno tripartito sería una aporía democrática que ni siquiera su diputado Tardà -capaz de establecer audaces paralelismos entre Zapatero y Hitler sobre la duración comparada del futuro Estatuto y el III Reich- se atrevería a explicar.