Euromanifestación Bolkestein
Ya el pasado mes de noviembre alertamos del impacto potencialmente nefasto de la Directiva sobre los Servicios en el Mercado Interior, también llamada Bolkestein, en concreto de ciertas de sus proposiciones, tanto para los trabajadores como para los consumidores y usuarios.
Afirmamos entonces que el reconocimiento de que la UE es un mercado único implica el derecho de las empresas de un país miembro a instalarse en cualquier otro país miembro. Ahora bien, la UGT aboga por la asunción de una de estas ideas: respetar la legislación del país de destino o armonizar al alza las legislaciones...
Ya el pasado mes de noviembre alertamos del impacto potencialmente nefasto de la Directiva sobre los Servicios en el Mercado Interior, también llamada Bolkestein, en concreto de ciertas de sus proposiciones, tanto para los trabajadores como para los consumidores y usuarios.
Afirmamos entonces que el reconocimiento de que la UE es un mercado único implica el derecho de las empresas de un país miembro a instalarse en cualquier otro país miembro. Ahora bien, la UGT aboga por la asunción de una de estas ideas: respetar la legislación del país de destino o armonizar al alza las legislaciones sociales. No puede ser que se tire del telón hacia abajo, provocando que las normas compitan entre sí, con el arrastre de los países menos exigentes, ya que la competencia no puede ser nunca un objetivo en sí misma; sólo es buena si mejora la calidad de vida de los ciudadanos y de los trabajadores europeos.
Por ello, y ante la próxima convocatoria del plenario del Parlamento Europeo, el 14 de febrero, con el objeto de decidir sobre la propuesta de la directiva de servicios, quiero incidir en que Europa tiene necesidad de servicios de calidad que respondan a las necesidades reales de sus ciudadanos; es decir, es posible que precisemos una directiva sobre los servicios, pero con unos condicionantes, pues es preciso evitar a toda costa que se produzca una desregulación de los trabajadores como tales y de los servicios esenciales, como es la sanidad, para los ciudadanos europeos, y por ende para los valencianos.
Como requisitos, desde el movimiento sindical europeo nos hemos centrado en señalar que es necesaria una concurrencia equitativa para las empresas y unas condiciones también equitativas para los trabajadores. Para ello, insistimos en que sólo existen dos soluciones posibles: que el ejercicio de una actividad de servicio esté reglamentado por la legislación del país donde se suministra o que previamente se produzca una armonización de legislaciones sociales hacia arriba.
La aplicación del principio del país de origen permite a unos sistemas sociales y legislaciones laborales diferentes coexistir en el mismo país de recepción, de prestación del servicio, y conduce al solapamiento de 25 legislaciones nacionales, leyes que pueden entrar en concurrencia unas contra otras. Esta situación podría tener consecuencias negativas, provocando un dumping a gran escala y, sobre todo, un dumping social acelerado.
En este momento decisorio, es necesario exigir una formulación fuerte, sin ambigüedades, de la directiva de servicios, que exprese con claridad que la concurrencia es posible y necesaria, pero sólo si tiene como objetivo mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, estamos en el momento en que los parlamentarios deben aportar mejoras al proyecto de la directiva, se hace necesario cambiar su contenido para preservar el modelo social europeo.
Desde el movimiento sindical europeo deseamos una directiva que respete la legislación laboral, los convenios y los servicios de interés general; queremos una concurrencia de calidad, no una concurrencia falsa. El modelo europeo fracasará si la dimensión económica tiene prioridad sobre la dimensión social. Las palabras de los europarlamentarios deben ser el altavoz de millones de trabajadores y trabajadoras en Europa.
Por todo ello, la UGT-PV estará presente en la euromanifestación que se celebrará en Estrasburgo el próximo 14 de febrero, consciente de que es el momento definitivo para cambiar la directiva, necesidad totalmente justificada, ya que un estudio detallado de la propuesta original de la directiva revela un importante impacto social negativo sobre los trabajadores y los beneficiarios de los servicios, pues este tipo de medidas crearía una presión sobre las autoridades de los países con estándares elevados para bajarlos, con las consecuencias negativas sobre la calidad del medioambiente y la cohesión social.
Rafael Recuenco Montero es secretario general de la UGT-PV.