Plan B

En política es conveniente siempre tener un Plan B. Si algo pude concluir de un debate organizado en Valencia por la Fundación Alternativas sobre la España Plural fue eso: es preciso disponer de una opción "alternativa" para avanzar. Si para enfrentarse al siglo XXI, el Partido Popular no encuentra oportuno reformar la Constitución -y sólo tímidamente los Estatutos de Autonomía-, deberíamos buscar un Plan B. Se puede, desde luego, seguir adelante. Pero se debería calibrar el riesgo para la perdurabilidad de cualquier reforma. Por ello, deberíamos ofrecer al PP una nueva oportunidad. ¿Cómo? Atr...

En política es conveniente siempre tener un Plan B. Si algo pude concluir de un debate organizado en Valencia por la Fundación Alternativas sobre la España Plural fue eso: es preciso disponer de una opción "alternativa" para avanzar. Si para enfrentarse al siglo XXI, el Partido Popular no encuentra oportuno reformar la Constitución -y sólo tímidamente los Estatutos de Autonomía-, deberíamos buscar un Plan B. Se puede, desde luego, seguir adelante. Pero se debería calibrar el riesgo para la perdurabilidad de cualquier reforma. Por ello, deberíamos ofrecer al PP una nueva oportunidad. ¿Cómo? Atreviéndome a lo que tal vez no deba, sugiriendo que si bien la reforma constitucional puede ser un tema de debate sosegado y remitido a un futuro (no demasiado lejano, con todo), la reforma del Estado y de la Administración Central es, en cambio, urgente. El Plan B consistiría en acelerar las reformas "discrecionales", aquellas que están en manos de la Administración Central del Estado en sus relaciones con dos escalas de territorio que hace 25 años o no existían o eran muy débiles, es decir, las Comunidades Autónomas y Europa. El Plan B partiría de la pregunta siguiente: ¿qué porcentaje de reclamaciones y conflictos territoriales en España se resolvería, o al menos, se adelgazaría, si el Estado funcionara de otra forma? No con "más" Estado, sino con "mejor" Estado. Cinco ámbitos del mismo podrían ser reformados sin necesidad de tocar artículos de la Constitución: la participación de las Comunidades Autónomas en Europa y la cooperación regional en el ámbito de la Unión, el "ahijamiento" por el Estado de los derechos simbólicos (lingüísticos y culturales esencialmente) de las Comunidades Autónomas con lengua y cultura propia (documentos oficiales, monedas, sellos, TV pública...), la cooperación territorial (funcionamiento efectivo de las conferencias sectoriales Administración Central-CC AA), la mejora de la financiación de entes locales y autonómicos y, por fin, un plan de infraestructuras no radial que solvente los déficits históricos de comunidades como Andalucía, el País Valenciano o Galicia. El Plan B consistiría en avanzar en todo aquello que no necesitara de reformas legislativas constitucionales, pero que sí precisaría pactar la geografía económica y política de España para los próximos lustros. ¿Podría el Partido Popular negarse a esta negociación? Difícilmente. Como manda en importantes comunidades autónomas, debe saber bien que en esos cinco ámbitos las cosas no funcionan nada bien. Con todo, podría ser que se negaran: catennacio a cualquier reforma. Entonces, aventuro, sí quedarían arrinconados por la historia y especialmente en las regiones más dinámicas del país necesitadas de oxígeno reformista. Por ello, siguiendo a Hirschman, sería el momento de avanzar en los conflictos "divisibles" de España, aquellos que admiten aceptaciones parciales de las demandas. El Plan B requeriría una negociación en cinco áreas de gobierno: Economía y Hacienda, Fomento, Administraciones Públicas, Cultura e Interior. Aunque este Plan B no tendría posibilidades de éxito a largo plazo sin reformas profundas que dieran armazón real a la voluntad reformista, permitiría desactivar algunos conflictos territoriales, resolver demandas históricas, mejorar el clima de relación con culturas españolas no castellanas al desinflar recelos, reales, periféricos y dar protagonismo a comunidades autónomas donde el sentimiento nacional no es primordial, pero que pueden, por sus características especiales, ofrecer experiencias válidas para el conjunto. Me refiero especialmente a dos que suelen pasar desapercibidas: Navarra y el País Valenciano. Navarra tiene dualidad cultural, fueros y hasta concierto fiscal y es leal con España, en una tesis que Herrero de Miñón ha sostenido desde hace tiempo. Valencia tiene una lengua propia -y compartida-, una conciencia diferenciada y una memoria histórica foral y, aunque sostiene un contencioso de infraestructuras con el Estado apuntado ya en las reivindicaciones de Ignacio Villalonga o Luis Lucia en los años treinta del siglo XX, siempre ha sido leal con la causa común. Que los navarros hagan lo que quieran. Sinceramente creo que el president Camps debería salir de su timidez reformista, pensar a lo grande y aportar su parte importantísima al Plan B. Eso sí sería "ofrenar noves glòries a Espanya".

Josep Vicent Boira. Universitat de València.