Los alcaldes del PSC quieren limitar el número de empadronados por vivienda
El Consejo de Alcaldes del PSC -que agrupa a los responsables de los ayuntamientos socialistas de una treintena de municipios catalanes de más de 50.000 habitantes-, reunido ayer decidió reclamar al Gobierno central "una revisión de la Ley de empadronamiento" para que fije un límite en el número de personas empadronadas en una misma vivienda. La iniciativa persigue combatir el fenómeno de las camas calientes o pisos patera, en el que decenas de inmigrantes en situación irregular pagan su estancia por horas.
El secretario de política municipal del PSC, Celestino Corbacho, r...
El Consejo de Alcaldes del PSC -que agrupa a los responsables de los ayuntamientos socialistas de una treintena de municipios catalanes de más de 50.000 habitantes-, reunido ayer decidió reclamar al Gobierno central "una revisión de la Ley de empadronamiento" para que fije un límite en el número de personas empadronadas en una misma vivienda. La iniciativa persigue combatir el fenómeno de las camas calientes o pisos patera, en el que decenas de inmigrantes en situación irregular pagan su estancia por horas.
El secretario de política municipal del PSC, Celestino Corbacho, recordó que se han conocido casos de viviendas que concentraban hasta 40 personas. Corbacho no llegó a cuantificar dónde debería fijarse el límite, pero apuntó que éste debería depender del tamaño de las viviendas.
El también presidente de la Diputación de Barcelona reconoció que se trata de una cuestión delicada, porque el "vacío" legal existente en la actualidad provoca que los ayuntamientos no se puedan negar a empadronar a nadie en una vivienda, sea cual sea el número de habitantes previamente inscritos en el padrón. Por ello el Consejo de Alcaldes socialistas instará al grupo parlamentario del PSC que impulse "una Ley o cualquier iniciativa legal" en el Parlament que permita intervenir en la cuestión.
Los alcaldes reunidos también decidieron instar a sus compañeros parlamentarios a estudiar la forma "que permita a los ayuntamientos ejercer un control e imponer sanciones por la utilización de locales comerciales como vivienda", otra situación que también tiene raíz en la condición irregular de los inmigrantes.
Por último, los alcaldes decidieron reclamar al Gobierno catalán que destine mayores partidas presupuestarias a las políticas sociales y a la Ley de Barrios.