Las alternativas a la financiación

El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, distribuyó en la reunión de ayer un documento que persigue desbloquear las profundas divergencias que todavía persisten entre el tripartito y el Gobierno central en materia de financiación. La propuesta de Castells se sitúa a medio camino entre las ambiciosas demandas que figuran en el proyecto de Estatuto y la ajustada oferta del ministro de Economía, Pedro Solbes, que los catalanes consideran inaceptable.

A partir de los ocho puntos irrenunciables que enumeró el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a finales de diciembre en...

El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, distribuyó en la reunión de ayer un documento que persigue desbloquear las profundas divergencias que todavía persisten entre el tripartito y el Gobierno central en materia de financiación. La propuesta de Castells se sitúa a medio camino entre las ambiciosas demandas que figuran en el proyecto de Estatuto y la ajustada oferta del ministro de Economía, Pedro Solbes, que los catalanes consideran inaceptable.

A partir de los ocho puntos irrenunciables que enumeró el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a finales de diciembre en sede parlamentaria [ver cuadro adjunto], el consejero de Economía catalán elaboró el citado documento tras reunirse la víspera en Madrid con Solbes y con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Fue tal la receptividad que Castells encontró en la otra parte que, pese a su natural prudencia, no pudo evitar a la salida del encuentro proclamar que la próxima semana podría sellarse un acuerdo en esta materia.

Las alternativas que propone el tripartito catalán a las ocho condiciones son lo suficientemente ambiguas para que puedan ser aceptadas en su mayoría por el Gobierno central, no despierten serias resistencias del resto de las comunidades autónomas y den amplio margen para una mayor concreción e, incluso, retoques, en el futuro cuando deba abordarse este espinoso asunto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

No obstante, el Ejecutivo que preside José Luís Rodríguez Zapatero y el propio PSOE se resisten a aceptar el primer requisito: que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) quede supeditada legal y jurídicamente al nuevo Estatuto.