Excesos por 300 millones de euros

Las eléctricas españolas habían soltado a la atmósfera a finales de noviembre casi 10 millones de toneladas más de CO2 que las correspondientes a los derechos de emisión que les otorgó el Gobierno para 2005. El déficit ha podido suponerles al final del ejercicio un gasto próximo a los 300 millones de euros. Las tres mayores (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa) gastaron en los nueve primeros meses 215 millones de euros en la compra de derechos, al haber superado el volumen de emisiones que se les concedió.

Las diez primeras europeas (Endesa, Iberdrola, EDF, Enel, AON y Electrabel, entre ot...

Las eléctricas españolas habían soltado a la atmósfera a finales de noviembre casi 10 millones de toneladas más de CO2 que las correspondientes a los derechos de emisión que les otorgó el Gobierno para 2005. El déficit ha podido suponerles al final del ejercicio un gasto próximo a los 300 millones de euros. Las tres mayores (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa) gastaron en los nueve primeros meses 215 millones de euros en la compra de derechos, al haber superado el volumen de emisiones que se les concedió.

Las diez primeras europeas (Endesa, Iberdrola, EDF, Enel, AON y Electrabel, entre otras), según un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC), controlan un 30% de los derechos de CO2 en la UE y han copado su comercio en los últimos 12 meses.

Otros sectores atribuyen a las eléctricas la escasa liquidez y la volatilidad que registran las nuevas bolsas de contratación de derechos de emisión

Con el precio del crudo y del gas por las nubes el pasado verano, la cotización del derecho de emisión llegó a situarse en 29 euros por tonelada y a superar en algún momento, en el caso de alguna central eléctrica española, el coste del combustible (carbón) que utilizaba para la generación.

Representantes de los sectores del papel, cemento, siderurgia y cerámica, y algunas consultoras, atribuyen parte de la fuerte volatilidad del precio del derecho de emisión y de su escasa liquidez a la posición de dominio y a la especulación de algunos de los mayores grupos energéticos.

"Jugamos con la desventaja de que el sector energético está trasladando el coste de la compra de derechos de CO2 al precio de la electricidad", denunciaba hace unas semanas en prensa Rafael Fernández, director general de la patronal cementera Oficemen. Sus afiliados no pueden hacerlo porque compiten en mercados con precios internacionales y dejarían de ser competitivos.

PwC, sin embargo, opina que es difícil que el encarecimiento derivado de estos derechos en el coste de la energía lo puedan repercutir las empresas en las tarifas finales al consumidor.

En cualquier caso, y el cuadro adjunto es elocuente, en el caso de las españolas se observa cómo Endesa, Fenosa y Viesgo han tenido que hacer frente este año al abastecimiento peninsular con mayores horas de funcionamiento de sus centrales de carbón y de fuel, que son las más contaminantes y las que alimentan sus déficit en derechos de emisión, para evitar interrupciones del suministro a los consumidores. Mientras que al no entrar en producción los ciclos combinados previstos, otras eléctricas y gasísticas han podido desviar gas destinado inicialmente a las mismas a mercados internacionales donde se han dado precios mucho más lucrativos. Y además alguna contabiliza incluso superávit en su cuenta de derechos de emisión.

Endesa es hasta ahora la más necesitada de derechos de emisión entre las eléctricas españolas y la más activa en las transacciones bilaterales, en mercados organizados, y a través de los otros mecanismos previstos por el Protocolo de Kioto y que generan derechos adicionales, como la participación en fondos de carbono y en proyectos de reducción de contaminación en países en vías de desarrollo. La eléctrica que preside Pizarro ha adquirido a lo largo de los últimos 12 meses un total de derechos de emisión correspondientes a 9,03 millones de toneladas de CO2 para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Y ha puesto en marcha Endesa Climate Initiative, un proyecto que ha sido presentado ya en varios países, China entre otros, para promover y contratar reducciones de emisiones de efecto invernadero.