La empresa pública del agua tiene una actitud poco favorable a la transparencia recomendada por la UE

La Cámara de Cuentas afirma en un informe, en el que fiscaliza el ciclo urbano del agua de la Comunidad de Madrid, que falta participación ciudadana en la gestión del Canal de Isabel II. "Se ha observado una actitud poco favorable a la transparencia y, por tanto, a la posibilidad de participación ciudadana", afirma el documento. Éste es un requisito adoptado por los países de la Unión Europea en el Convenio de Aarhus de 1998 y que recogen varias directivas europeas.

Según la Cámara de Cuentas, "en el ámbito estricto de la gestión del ciclo del agua en la Comunidad de Madrid no se observ...

La Cámara de Cuentas afirma en un informe, en el que fiscaliza el ciclo urbano del agua de la Comunidad de Madrid, que falta participación ciudadana en la gestión del Canal de Isabel II. "Se ha observado una actitud poco favorable a la transparencia y, por tanto, a la posibilidad de participación ciudadana", afirma el documento. Éste es un requisito adoptado por los países de la Unión Europea en el Convenio de Aarhus de 1998 y que recogen varias directivas europeas.

Según la Cámara de Cuentas, "en el ámbito estricto de la gestión del ciclo del agua en la Comunidad de Madrid no se observa la existencia de planes de participación". Tampoco existen, continúa el informe, "procedimientos previstos para informar, consultar o permitir la participación activa de los interesados y el público en general".

El organismo fiscalizador de la región reconoce la existencia de algunos programas que recogen de forma parcial la recomendación europea: el Programa Canaleduca, destinado a la enseñanza escolar y universitaria, y el Plan Vallecas, de concienciación de problemas medioambientales.

"Diferentes agentes sociales manifiestan, en relación con la gestión del agua, falta de información y no aprecian cauces para permitir su participación", agrega la Cámara.

Por eso, el informe recomienda establecer mecanismos reales de participación y pone como ejemplo de "una buena práctica" el utilizado por la empresa pública de aguas de Córdoba (Emacsa), que podría tenerse en cuenta.

Según el propio informe, el Consejo de Administración de Emacsa está formado por dos consejeros de cada grupo municipal (además de los concejales), dos propuestos por los sindicatos, un representante a propuesta de las asociaciones de vecinos, el gerente y el presidente, que es un concejal del equipo de gobierno.

Y concluye: "Deben crearse cauces que aseguren el acceso a los datos e información sobre la gestión del agua y articular procedimientos de consulta ciudadana (...) para posibilitar la participación activa en los procesos de toma de decisiones".