Bono revela que hubo consigna de ahorrar en la contratación del Yak

El ministro de Defensa, José Bono, reveló ayer que no es cierto que no hubiera razones económicas tras la contratación del avión Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 con 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. "En el Estado Mayor de la Defensa únicamente se permitía programar dos aviones al mes debido a las limitaciones presupuestarias, que desde el Ministerio [de Defensa] se justificaban por tener que atender otros gastos", dijo.

El Gobierno del PP siempre alegó que el transporte de las tropas se pagaba con cargo a una partida presupuestaria ampliable sin límites, ...

El ministro de Defensa, José Bono, reveló ayer que no es cierto que no hubiera razones económicas tras la contratación del avión Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 con 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. "En el Estado Mayor de la Defensa únicamente se permitía programar dos aviones al mes debido a las limitaciones presupuestarias, que desde el Ministerio [de Defensa] se justificaban por tener que atender otros gastos", dijo.

El Gobierno del PP siempre alegó que el transporte de las tropas se pagaba con cargo a una partida presupuestaria ampliable sin límites, por lo que no había ninguna restricción económica para contratar. Sin embargo, Bono reveló ayer en la Comisión de Defensa del Senado -ante la que compareció para explicar el informe definitivo de la comisión internacional de investigación- que el Ministerio de Defensa dio instrucciones para limitar a dos los vuelos mensuales a Afganistán, debido a que en ese momento había que costear también el despliegue en Irak y la limpieza del chapapote del Prestige.

Según datos del anterior equipo de Defensa, en mayo de 2003 se fletaron tres aviones para Afganistán: un Tupolev 154, un Ilyushin 76 y el Yakovlev 42.

Inicialmente estaba previsto alquilar también un Tupolev , pero a última hora se cambió por el Yak-42, que no tenía autonomía para llegar a España sin escalas, lo que supuso un ahorro de 6.000 euros. Esta cantidad resulta insignificante comparada con los 110.000 euros que se quedaron las seis empresas intermediarias y con los 4,6 millones de dólares que tuvo que desembolsar Hacienda cuando se descubrió que no se había suscrito el seguro.

Frente a la "cadena de confianza" a la que se refirió el entonces titular de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, Bono habló ayer de una "cadena de desvergüenza en la que todos ganaban dinero menos nuestros soldados, que perdían seguridad y hasta les robaron el seguro de accidente".

No fue ésa, sin embargo, la crítica más dura de Bono a su antecesor. El ministro hizo una intervención inicial contenida, en la que expresó su voluntad de "pasar definitivamente página". Pero su tono cambió después de que el portavoz del PP, Alejandro Muñoz Alonso, denunciase una supuesta "maniobra orquestada" contra Trillo, que calificó de "canibalismo político".

El ministro recordó que "las víctimas son los 62 soldados que murieron y sus familias", y no su antecesor, que cometió el acto, a su juicio "muy rechazable", de "culpar a quienes sabía que no podían ni debían hablar"; es decir, a los militares. "¿Le extraña que alguien pueda llamar irresponsable a quien no es responsable de nada, según sus propias palabras?", dijo en alusión a la autoexculpación de Trillo.

Ocultación e indignidad

Bono le rebatió al negar que el accidente se debiera a un "fallo humano, salvo que sea el fallo de quienes decidieron contratar ese avión y esa tripulación".

"Es tan falso como poco decente decir que los pilotos fueron los únicos responsables", agregó. "Hubo una cadena de negligencias muy graves al hacer volar a nuestros soldados en un avión que no estaba en condiciones de volar y con unos pilotos que no estaban adiestrados para tripularlo".

Pero lo más grave, concluyó, fue "la falta de respeto, el mal trato y el menosprecio" a las familias de las víctimas, ante quienes se urdió una "cadena de malicia" para ocultar los errores. "La ocultación interesada es el mayor error, un error elevado a la categoría de indignidad", proclamó. A ella se llegó, a su juicio, cuando se engañó a las familias diciéndoles que los cadáveres estaban bien identificados -lo que no era verdad en 30 casos- o se les negó que hubiera muestras de ADN, pese a que se había firmado un acta que admitía lo contrario.