La Fiscalía Anticorrupción archiva el 'caso Majadahonda' al no hallar delito

La Fiscalía Anticorrupción dictó el pasado 29 de noviembre de 2005 un decreto por el que acuerda el archivo de la investigación del llamado caso Majadahonda, al no hallar indicios de delito en los hechos denunciados, según hizo público ayer la Fiscalía General del Estado.

Ricardo Núñez y Manuel Fort, ediles socialistas de Majadahonda, denunciaron el pasado 21 de febrero supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la adjudicación de unas parcelas que pertenecían al Consistorio majariego. La Fiscalía Anticorrupción abrió entonces una investigación que ah...

La Fiscalía Anticorrupción dictó el pasado 29 de noviembre de 2005 un decreto por el que acuerda el archivo de la investigación del llamado caso Majadahonda, al no hallar indicios de delito en los hechos denunciados, según hizo público ayer la Fiscalía General del Estado.

Ricardo Núñez y Manuel Fort, ediles socialistas de Majadahonda, denunciaron el pasado 21 de febrero supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la adjudicación de unas parcelas que pertenecían al Consistorio majariego. La Fiscalía Anticorrupción abrió entonces una investigación que ahora archiva.

Según la Fiscalía General del Estado, la investigación tuvo por objeto "el procedimiento administrativo de adjudicación mediante concurso público de las parcelas RN-1 y D-2 de Majadahonda". Anticorrupción concluye que no existen "elementos que avalen la existencia de una actuación tendente a favorecer intereses particulares de una de las empresas participantes en el concurso".

Después de analizar la resolución municipal de declarar desierto el concurso de adjudicación, "la fiscalía no considera arbitraria e injusta esta decisión".

Aguirre y Romero de Tejada

La fiscalía llamó a declarar, además de al ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y al actual regidor, Narciso de Foxá, ambos del PP, a los dos concejales tránsfugas del PP Juan José Moreno y José Luis Peñas. Ambos, en su declaración ante el fiscal el pasado junio, relataron el procedimiento de enajenación de las parcelas RN-1 y D2, y de las presiones que sufrieron el anterior alcalde y ellos mismos por parte de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre; el secretario general del partido en la región, Francisco Granados, y el anterior secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, además de por Foxá, para parar la venta de los terrenos.

El secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid, Andrés Rojo, manifestó ayer que el archivo de las diligencias por Anticorrupción "no acaba con el caso, ni mucho menos". Rojo recordó que el Juzgado número 3 de Majadahonda sigue instruyendo "el proceso judicial troncal", en el que está imputado el alcalde Narciso de Foxá. Por eso, el PSOE tiene previsto solicitar que las diligencias practicadas por la Fiscalía Anticorrupción sean enviadas a dicho juzgado.

"La justicia terminará exigiendo responsabilidades a quienes con sus actuaciones han podido causar un grave perjuicio económico al Ayuntamiento y a los vecinos de Majadahonda", sentenció.

En cambio, Foxá se mostró muy satisfecho con la decisión de la fiscalía. "Lo que se ha confirmado es algo que estaba seguro de que iba a ocurrir", afirmó. Según él, la decisión de la fiscalía viene a confirmar que "fue una denuncia política y falsa". Reclamó al PSOE que explique "de dónde sacó las cintas [grabadas con un teléfono móvil] en las que basaron la acusación, que estaban manipuladas".

"Como alcalde, voy a pedir la dimisión de los dos concejales que hicieron esas imputaciones falsas", manifestó Foxá, que además aseguró que estudiará con sus abogados la posibilidad de emprender "la acción judicial que sea pertinente" contra ellos. Tanto el alcalde de Majadahonda como el secretario regional del PP hicieron hincapié en que, según la fiscalía, la decisión de dejar desierto el concurso "fue impoluta y ajustada a derecho". Granados reclamó al líder socialista Rafael Simancas "una declaración pública de excusa a los madrileños y a la presidenta" por considerar que la denuncia fue "una criminalización de la presidenta, de Foxá y de él mismo".