La LUV y las mentiras de Blasco

La resolución de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la situación del urbanismo valenciano ha desvelado con toda crudeza la sistemática red de mentiras a los ciudadanos que el consejero Blasco ha venido realizando desde que se inició la formulación del proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Desde el mes de marzo de 2005 tenía conocimiento del requerimiento de la Comisión Europea de Mercado Interior sobre la aparente contradicción entre la legislación urbanística valenciana y las directivas europeas relativas a la contratación de obra pública (Directiva 18/2004)...

La resolución de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la situación del urbanismo valenciano ha desvelado con toda crudeza la sistemática red de mentiras a los ciudadanos que el consejero Blasco ha venido realizando desde que se inició la formulación del proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Desde el mes de marzo de 2005 tenía conocimiento del requerimiento de la Comisión Europea de Mercado Interior sobre la aparente contradicción entre la legislación urbanística valenciana y las directivas europeas relativas a la contratación de obra pública (Directiva 18/2004). Sin embargo, pasando de ello, procede a presentar en el mes de julio a las Cortes Valencianas, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, su proyecto de LUV, manifestando que venía a resolver todos los problemas que la LRAU presuntamente había generado.

El proyecto de Ley lo presenta como un documento totalmente concertado con los sectores sociales, altamente defensor de los intereses de los pequeños propietarios y plenamente respetuoso con las directivas europeas: primera gran mentira, como se va a ir desvelando luego.

La realidad era que había presentado la LUV a las Cortes Valencianas sin haber resuelto los problemas con la Comisión Europea. Por ello, a partir de agosto inicia un tardío y acelerado proceso de negociación con los responsables europeos, observando cómo éstos cuestionan profundamente su proyecto de ley. Para ganar tiempo, procede a su segunda gran mentira: sobre la base de una presunta oferta de pacto con el PSPV, propone sucesivas prórrogas a la presentación del plazo de enmiendas -pedidas por el propio grupo del partido del gobierno que presentaba la ley- que buscaban en realidad encubrir la verdadera razón de esos anómalos aplazamientos (¡en una ley presentada por trámite de urgencia!): el intento de conseguir, tardíamente, la aquiescencia europea a su proyecto de LUV.

Ante la imposibilidad del presidente Camps para seguir manteniendo esta indefendible situación de sucesivas prórrogas -cuando el PSPV se manifestó en contra de la ley desde el principio- proceden durante una "larga noche" anterior al término del último e improrrogable plazo, a elaborar más de 200 enmiendas, muchas de ellas contradictorias e incoherentes. Con estas enmiendas se modifica totalmente el proyecto de Ley aprobado por el gobierno valenciano y presentado en julio -produciendo un auténtico fraude parlamentario porque este nuevo texto ya no puede ser enmendado por la oposición- sin que a pesar de ello se dé satisfacción a los criterios expresados por la Comisión Europea. Sin embargo, "se venden" como los ajustes necesarios para acomodarse definitivamente a las directivas europeas: tercera gran mentira, que ha desvelado claramente la representante de la Comisión Europea al declarar el otro día en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que la LUV seguía sin satisfacer sus exigencias.

En la inauguración del reciente curso de la Universidad Menéndez Pelayo sobre el Nuevo Urbanismo Valenciano, el consejero Blasco afirma que el texto de su proyecto de Ley garantizará la "transparencia del proceso, los derechos de los propietarios y los criterios europeos", lo que conforma la cuarta gran mentira. Como quedó de manifiesto por la práctica totalidad de los ponentes expertos en el tema que intervinieron en el Curso, el proyecto de LUV reduce drásticamente los periodos de información a la ciudadanía y a los propietarios afectados (no se les informa ni del inicio del PAI ni de las plicas económicas), disminuye la competencia, propicia la corrupción en la contratación de las obras por el urbanizador y vulnera las directrices europeas. De hecho, un representante de los promotores y urbanizadores llegó a aseverar que el proyecto es un "bodrio" y que producirá graves consecuencias para el sector empresarial y económico valenciano.

Finalmente, ante la reciente y explícita acusación de los representantes europeos por el incumplimiento de las directivas europeas, que viene a desvelar todas las mentiras del consejero Blasco, este manifiesta que, en todo caso, la responsabilidad para resolver lo expuesto por Europa deberá subsanarse en el ámbito de la legislación estatal de Contratos de las Administraciones Públicas; esta es la quinta gran mentira. En primer lugar, porque es su proyecto de ley el cuestionado en esas declaraciones y es él quien ha estado negociando con las instituciones europeas durante largo tiempo; y, en segundo lugar, porque legislaciones análogas a la valenciana existen en la práctica totalidad de las comunidades autónomas y ninguna de ellas ha sido cuestionada en Europa.

Con todos estos engaños, el consejero Blasco trata de ocultar a toda costa la realidad de lo que se está juzgando en Europa. Porque si el urbanismo valenciano se está tratando en el Parlamento Europeo es como consecuencia del desastre urbanístico generado por la política del PP y de Blasco en particular. Los ciudadanos que se han quejado a Europa lo han hecho por el "impacto desastroso sobre el medio ambiente y la ecología de numerosas costeras" (textual de la resolución), consecuencia de una urbanización masiva y desordenada permitida, cuando no alentada, por Blasco y el PP; o porque han visto con sorpresa cómo el suelo rústico de las áreas en que viven -el que en los planes generales estaba clasificado como no urbanizable- se urbanizaba porque Blasco y el PP permitían su reclasificación indiscriminada; o porque han sufrido abusos de algunos urbanizadores desaprensivos, no atajados por una consejería que ha preferido no hacer un reglamento que los hubiera evitado.

La mayoría de las comunidades autónomas tienen leyes urbanísticas muy similares a la LRAU, en la que se han inspirado; y sin embargo no se han visto cuestionadas en las instituciones europeas. Es la prueba más evidente de que el problema no deriva de una ley sino de la desastrosa política urbanística que está desarrollando el gobierno de Camps y Blasco y que explica las quejas y la preocupación de miles de valencianos.

Eugenio Burriel es secretario de Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE.