El plan urbano de Marbella legalizará 25.000 viviendas
La Junta andaluza y el coordinador discrepan sobre el coste de la normalización urbanística
El redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga), el arquitecto Manuel González Fustegueras, y la Junta de Andalucía rechazaron ayer que devolver la legalidad urbanística al municipio suponga un coste de 6.000 millones de euros, como afirmó el miércoles el coordinador del PGOU contratado por el Ayuntamiento, Arturo Moya. Es "falso" y "una invención para tergiversarlo", afirmó ayer González Fustegueras, quien adelantó que 25.000 de las 30.000 viviendas ilegales pondrán regularizarse con el nuevo plan.
El problema urbanístico de Marbella se generó a part...
El redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga), el arquitecto Manuel González Fustegueras, y la Junta de Andalucía rechazaron ayer que devolver la legalidad urbanística al municipio suponga un coste de 6.000 millones de euros, como afirmó el miércoles el coordinador del PGOU contratado por el Ayuntamiento, Arturo Moya. Es "falso" y "una invención para tergiversarlo", afirmó ayer González Fustegueras, quien adelantó que 25.000 de las 30.000 viviendas ilegales pondrán regularizarse con el nuevo plan.
El problema urbanístico de Marbella se generó a partir de 1991, cuando accedió Jesús Gil a la alcaldía, por los incumplimientos de la ordenación vigente, de 1986. Las irregularidades se han mantenido hasta hoy por la aprobación de licencias contrarias al planeamiento. Medio millar de obras están impugnadas en los tribunales por la Junta.
El coordinador del PGOU cifró en los mencionados 6.000 millones el coste de las indemnizaciones, devoluciones de anticipos de convenios cobrados y compras de suelo para equipamientos necesarios para restablecer la normalidad urbanística.
González Fustegueras rechazó el cálculo de plano. "La valoración es absolutamente gratuita, irreal y precipitada. En el avance del plan no hay datos siquiera para poder establecerla", dijo. El arquitecto sostuvo que el único impacto económico que recaería sobre el ayuntamiento sería el correspondiente a la devolución de las cantidades ya cobradas por convenios urbanísticos "indebidos" -que no tienen cabida en el plan-, capítulo que el consistorio ha cifrado en 360 millones de euros.
En su valoración, el Ayuntamiento ha incluido también 690 millones de euros para la compra de 69 hectáreas de suelo que ahora es urbanizable y que en el nuevo plan se destinan a equipamientos. González Fustegueras explicó que este cambio se realiza mediante los mecanismos de reparto y compensaciones.
Moya, admitió ayer que, si bien este cambio de usos de suelo no tendrá una repercusión en la tesorería del ayuntamiento, sí se ha considerado el valor de los terrenos (690 millones de euros). Anteayer, Moya dijo que ese dinero lo tendría que emplear el ayuntamiento en compra de suelo.
El capítulo más costoso de la normalización urbanística, calculada por el ayuntamiento en 5.400 millones, será el de las indemnizaciones para los propietarios de las 30.000 viviendas ilegales. González Fustegueras recordó que el plan establece mecanismos para regularizar el 85% de las mismas, por lo que no ha lugar a tales indemnizaciones. Respecto a las 5.000 viviendas que quedarían fuera de ordenación, su futuro queda a expensas de la decisión de los tribunales.
La Junta de Andalucía también cuestionó los cálculos de Moya y los atribuyó a una estrategia municipal para rechazar el nuevo PGOU. "[Moya] Se ha inventado las cifras y está tergiversando el documento de avance", aseguró la directora general de Urbanismo, Mercedes Izquierdo.
Colaboración
La Junta vuelve a quejarse de la falta de colaboración del consistorio en la tramitación del plan, e incluso cuestiona la figura de Moya, que no está en ninguno de los órganos de seguimiento del convenio que las dos Administraciones firmaron en enero de 2004 para la elaboración del nuevo PGOU de Marbella.
Izquierdo se quejó de que el ayuntamiento aún no haya entregado las 2.560 sugerencias que el documento de avance ha recibido durante su exposición pública, y censuró que Moya dijera el martes que éstas "han enriquecido el plan", cuando es el equipo redactor al que compete ordenarlas y examinarlas. La aceptación o no de las mismas debe hacerla la comisión técnica creada entre ayuntamiento y Consejería de Obras Públicas.